Con la intención de reducir los índices de mortalidad por accidentes de tránsito en la provincia y en busca de establecer una nueva instancia judicial que colabore en esa tarea, el Ministerio de Seguridad presentó ayer ante la Cámara de Diputados un anteproyecto que plantea la ampliación de la Ley de Tránsito, vigente desde setiembre de 2008, a partir de la modificación del artículo 72, que se refiere a la competencia de los cuatro juzgados de Faltas que existen.

El documento fue entregado a las 16 por la ministra de Seguridad, Berta Arenas, y buscará una mejor definición del artículo 72 que hoy está vigente. Básicamente pretende facultar a la Policía Caminera para que haga efectivas las multas por las infracciones de tránsito que se cometan en rutas y autopistas de San Luis. Además establece la necesidad de crear unidades administrativas que juzguen las infracciones en aquellas regiones, localidades y departamentos que actualmente carecen de Juzgado de Faltas municipales.Con esta variante, la Policía Caminera tendrá la posibilidad no sólo de labrar las sanciones sino que además tendrá un cuerpo punitivo al que elevará esa multa.

En caso de conseguir la aprobación del Parlamento, el Ministerio de Seguridad creará cinco cuerpos punitivos distribuidos en los distintos departamentos para que midan y ejecuten o desestimen las actuaciones de los policías. Las faltas podrán calificarse como leves o graves y los conductores tendrán la posibilidad de hacer su descargo.

Tras escuchar los argumentos del automovilista, camionero o motociclista la infracción será confirmada, desestimada o tendrá una reducción en la pena a pagar.

La iniciativa surgió porque el actual artículo 72 indica que los jueces de Faltas de las distintas jurisdicciones municipales son quienes tienen competencia para efectivizar las sanciones.

Pero sólo San Luis capital, Villa Mercedes, Concarán y Merlo son las cuatro ciudades que poseen juez de Faltas. Y su radio de aplicación apenas abarca 7,5 kilómetros a la redonda de sus respectivos ejidos municipales. Si la ampliación de la ley es aprobada, el resto del territorio tendrá a las unidades administrativas a designar como cuerpos punitivos.

"El anteproyecto es un agregado al artículo 72, que tiene como objetivo cumplir con las normas de seguridad vial y dar un rol más protagónico a la Policía Caminera. El espíritu de la ley es proteger la vida de quienes transitan las rutas de San Luis como un derecho humano y evitar cualquier siniestro de tránsito, cuidar de aquellas personas que circulan por nuestras rutas con absoluta responsabilidad", dijo la ministra Arenas.

"Soy optimista sobre la aprobación de esta norma, porque tiende a prevenir y proteger la vida. Siento que los legisladores comprenderán su espíritu. El Ejecutivo provincial acompaña esta ley con una fuerte inversión en la adquisición de vehículos, equipamiento y elementos necesarios para que la policía desarrolle su tarea", añadió la funcionaria.