Los familiares fueron recibidos por la secretaria de la Superintendencia de la Corte de Justicia, Silvia Areco, quien les explicó que les queda como instancias de apelación el recurso de casación ante la Corte de Justicia, y la reserva de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"Todos quedaron sorprendidos" por la condena, dijo el tío de la víctima, José Llanes, al indicar que quienes seguían el caso de cerca pensaban que la condena sería de 15 años de prisión o más.

Pero el miércoles, los jueces Antonio Morosini, Alberto Fleming y Mirta Yobe, decidieron condenar a los imputados en la causa, Benito Gil (el ex policía), y Eduardo Méndez, por "exceso en legítima defensa", con cinco y cuatro años de prisión respectivamente.

Esto significó que para Méndez se dicte la "libertad inmediata", en tanto se encontraba en prisión desde hacía más tiempo que la condena ahora dispuesta.

La actuación policial

Una de las aristas que quedó relegada pero que quedó sin demasiado análisis fue la actuación policial el 29 de mayo de 2005, cuando acontecieron los hechos. Pues se cuestionó el accionar de los agentes de la Comisaría 6ª, quienes no habían secuestrado la carabina con la que Gil disparó a Llanes. Por el contrario, el arma fue secuestrada por la Brigada de Investigaciones al día siguiente, cuando se pudo observar que se intentaba pasarla desarmada de una casa a otra.

No obstante, y al menos en una de las declaraciones, se indica que se había visto a Gil con el arma que mató a Llanes, aunque luego entregó solo su arma reglamentaria ante la Policía.

Y es que solo se llevaron de los dichos de Gil, de que el había disparado con su reglamentaria de 9 mm.

A Llanes lo mató una bala de calibre 22 mm, que salió del rifle nunca secuestrado ese día, sino encontrado (y por casualidad), al otro día.

Este hecho, y la investidura policial de Gil al momento de los hechos, son algunas de las causas por las cuales los familiares de Llanes acusan la existencia de "gatillo fácil" en este caso.