Abogados defensores de funcionarios y candidatos involucrados entienden que el juez Reussi debe apartarse porque su esposa recibiría el adicional por dedicación exclusiva.
Los letrados consideraron que el magistrado debería apartarse porque su esposa (abogada de la Fiscalía de Estado), recibiría el polémico adicional por dedicación exclusiva funcional.
La presentación realizada ayer, casi en coincidencia con la resolución del juez de citar a los ministros y candidatos del oficialismo provincial, deberá ser analizada por la Cámara del Crimen.
Los convocados son el actual secretario general de la Gobernación y candidato a primer legislador por representación poblacional por la Alianza Concertación, Francisco González junto al ministro de Turismo, Omar Contreras, que declararán el 5 de setiembre próximo.
A González se lo acusa de haber sido el que más dinero cobró vía cheques mensuales por montos que rondaban los 200 mil pesos.
Los demás involucrados en el cobro de "sobresueldos" mensuales sensiblemente inferiores a los de González, son el ex ministro de Educación y candidato a gobernador César Barbeito y el de Producción -y candidato a diputado nacional- Juan Accatino -que comparecerán el 6 del mes próximo-, el ex titular de Familia -y candidato a legislador por el circuito Línea Sur-, Alfredo Pega y el actual ministro de Gobierno, Diego Larreguy, que fueron convocados para el 7.
El 8 declarará la ex ministra de Salud y candidata a legisladora Cristina Uría, mientras que posteriormente y hasta el 12 de abril se esperan las declaraciones del secretario privado de González, Sergio Pendas, el subsecretario de Coordinación, Aníbal Hernández -quienes también figuran como cobrando cheques- y el ex contador general -actual integrante del Tribunal de Cuentas-, Daniel Bossero y su reemplazante, Gustavo Picchi -estos dos últimos acusados de incumplir sus deberes por no controlar-.
Segundas y terceras líneas
Cuando se conoció la denuncia y la promoción de acción penal impulsada desde la Procuración General rápidamente hubo inquietud en algunos funcionarios de segundas y terceras líneas que admitieron en alguna ocasión haber recibido un adicional a sus salarios. Sin embargo, los responsables de la investigación y la acusación aclararon que para probar el presunto delito no hace falta conocer cómo se distribuyó el dinero una vez "sustraído" del erario público, sino que el hecho se habría consumado cuando los funcionarios concretan la maniobra mediante mecanismos burocráticos supuestamente ilegales y retiran los fondos del banco a través de la presentación de los cheques.
Si en una segunda instancia el dinero se redistribuía entre otras personas, no es motivo de investigación en esta etapa del proceso.
El llamado a indagatoria por parte del juez Reussi a las máximas autoridades del gabinete provincial y a varios de los candidatos del oficialismo para las próximas elecciones del 25 de setiembre provocó un fuerte cimbronazo puertas adentro del Gobierno.
"Una causa política"
La legisladora Marta Milesi, sostuvo que esa medida judicial confirma que "la investigación por el pago de adicionales a funcionarios y empleados públicos nunca fue una causa penal, sino simplemente una causa política".
Indicó que con ella se pretende "torcer la balanza de la opinión del electorado a favor del candidato de la oposición, quien es sin dudas el alma máter de toda esta operación", afirmó en referencia a Carlos Soria.
Lo calificó como "un atentado directo contra la gobernabilidad en la provincia, situación que debe causar mucho temor en la sociedad que ve cómo se avasallan las instituciones". Además, manifestó que "el magistrado a cargo ha omitido seguir los carriles correspondientes, como los pedidos de desafuero a funcionarios y candidatos imputados, por sólo citar alguno de ellos".
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