La iniciativa es de la diputada Liliana Vietti y lleva la firma de legisladores de distintos bloques. "Este proyecto se presenta en el marco del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde exhorta a las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con competencia en la materia, a implementar y hacer operativos esta disposición. Es un fallo histórico que va más allá de un caso puntual", dijo la legisladora y aclaró: “Esto pone fin a la interpretación restrictiva del artículo 86 del Código Penal, inciso 1 y 2 y lo fundamenta ampliamente”.

Vietti comentó que el radicalismo presenta un proyecto de declaración sobre este tema, debido a que la Legislatura está en período extraordinario, de lo contrario hubiese propuesto directamente la protocolización. "Esta es una lucha de larga data sobre las víctimas de embarazos producto de violaciones donde el Código Penal es claro pero el accionar de jueces y médicos muchas veces obstaculizan el ejercicio de este derecho de interrupción del embarazo".

En los fundamentos del proyecto, Vietti marca tres reglas, de acuerdo al fallo. La primera es que la Constitución y los tratados internacionales no sólo no prohíben la realización de abortos sino que, por el contrario, impiden castigarlos respecto de toda víctima de una violación y, la segunda que los médicos, en ningún caso, deben requerir autorización judicial para realizar esta clase de abortos, debiendo practicarlos requiriendo exclusivamente la declaración jurada de la víctima, o de su representante legal. Por último, asegura que los jueces tienen la obligación de garantizar derechos y su intervención no puede convertirse en un obstáculo para ejercerlos, por lo que deben abstenerse de judicializar el acceso a estas intervenciones, las que quedan exclusivamente reservadas a lo que decidan la paciente y su médico.