El bloque de Guillermo Galván impulsará un pedido de informes en la Legislatura, para saber si se ha previsto el impacto ambiental que podría provocar. También hará lo mismo con los proyectos mineros. Y reclamará la sanción de una ley para transparentar la designación de los jueces del Tribunal Superior.
La UCR reclama “conocer los alcances y afección al medio ambiente que un proyecto petrolero como el que se ha anunciado públicamente trae aparejado”.
También la oposición reclama “conocer detalladamente la existencia y condiciones contractuales, de haberse suscripto por parte de la Provincia convenio alguno con la empresa YPF Sociedad Anónima y Repsol YPF GAS S.A., personas jurídicas privadas estas que, conforme Ley Nº 26.741, continúan operando como sociedades anónimas abiertas, en los términos del Capítulo II, Sección V, de la Ley 19.550 y normas concordantes”.
Según la UCR, “el proyecto viene motivado por los públicos y notorios hechos conflictivos que se vienen sucediendo en la provincia especialmente en la localidad de Famatina, a raíz del convenio celebrado por la empresa minera estatal EMSE con una sociedad privada extranjera para la explotación minera de la zona”.
En cuanto a los proyectos mineros, el radicalismo reclamará también, por otra minuta de comunicación, “conocer todos los permisos de exploración y cateo de minas otorgados por la Autoridad de Aplicación, permisionarios, y los alcances y afección al medio ambiente que tales proyectos mineros traen aparejado”.
Además, la UCR pide saber sobre “el funcionamiento comercial, societario, laboral, fiscal y previsional de las personas jurídicas permisionarias y su vinculación contractual - comercial con la sociedad Energía y Minerales Sociedad del Estado, sus condiciones y beneficios, toda vez que el único socio accionista de la primera es el Estado Provincial”.
La justicia
Finalmente, el bloque de Galván impulsará un proyecto de ley que “tiene como objetivo principal reglamentar las atribuciones constitucionales otorgadas al Gobernador de la Provincia, establecidas en el art. 126, inc. 10º, el que dispone como atribución exclusiva de aquel la proposición de los miembros del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia”.
En este sentido, la UCR considera “acertado restablecer el criterio dispuesto en el hoy derogado Decreto F.E.P 473/04 por el Decreto F.E.N. Nº 203/11, que propendía a una transparencia basada en parámetros de publicidad y control ciudadanos de los postulantes propuestos por la Función Ejecutiva”.
Para la oposición, “cabe recalcar que, entre otras responsabilidades, el TSJ tiene la última palabra en relación con la interpretación de la Constitución de la provincia y el derecho local, funciones relativas a la economía, la posibilidad de dictar acordadas, de designación y remoción de empleados judiciales, confeccionar lista de conjueces y proponer al ejecutivo su presupuesto. Su decisión es final en el ámbito de la provincia y sólo puede ser revisada, en caso de colisión con normas de la Constitución Nacional, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
A tal fin la UCR dice que “resulta importante bregar por la aplicación y plena vigencia del decreto provincial 473/2004, que fija parámetros mínimos a tener en cuenta para una mejor selección democrática de la integración de la máxima Magistratura local”.
La oposición considera “imprescindible profundizar en ese camino, ampliando los estándares mínimos establecidos, de acuerdo a lo fijado en el decreto Nacional 222/03, a fin de lograr una mayor transparencia y publicidad en la designación”.
En este sentido, la UCR pide “ampliar al cumplimiento de los requisitos relativos a la integridad moral e idoneidad técnica y el compromiso con la democracia y la defensa de los derechos humanos que el o los postulantes deben reunir” y “las circunstancias atinentes a la composición general del Alto Cuerpo en cuanto a diversidades de género, especialidades profesionales e integración con un sentido regional”.
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