El rechazo a la licitación para contratar a una consultora privada para mejorar la recaudación se hace sentir desde todos los sectores, tanto políticos como sindicales, que han manifestado su descontento con el decreto 989.

Hoy, por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto presentado por la diputada Liliana Vietti (UCR), que solicita "la derogación del pedido de licitación pública para la contratación del servicio de colaboración para la DGR" presentado por el gobierno provincial.

Según la autora del proyecto, el pedido de rechazo se dio porque básicamente el decreto viola algunas leyes, entre ellas la de Responsabilidad Fiscal, ya que el artículo 36 prohíbe que en los dos últimos trimestres se incremente el gasto corriente en forma permanente.

También mencionó a la Ley de Contabilidad, que prohíbe afectar créditos presupuestarios a futuro. Y la Ley de Procedimiento Administrativo que exige, en temas tributarios, la intervención del contador general, algo que hasta el momento no ha pasado.

La posición del radicalismo es que "a seis meses de que termine la gestión, Jaque no se puede compromete a la administración que viene con semejante medida".

El rechazo fue acompañado por el bloque oficialista ya que, según dijeron sus legisladores, "no es prudente en este momento".