Fue el tema central de los últimos meses de Celso Jaque y aunque las irregularidades y sospechas de Irrigación parecían finalizadas con el mandato del ex superintendente Eduardo Frigerio, el manto de duda sigue estando sobre el Gobierno del agua. Es que ahora y con los últimos episodios (en especial, la resolución 548 que habilita la licitación de pozos hídricos) la oposición volvió a poner la lupa sobre el tema y pidió en el Senado la creación de una comisión investigadora del funcionamiento de la actual gestión de Irrigación.

El pedido se hizo el viernes 14 y desde la UCR esperan tratarlo sobre tablas mañana. Los puntos que, según el titular de ese bloque Armando Camerucci, ameritan la formación de la comisión son:"Los controles de 2012 por daños ambientales a la destilería Luján de Cuyo" (según la oposición, no realizados); "el estado judicial del otorgamiento de 21 pozos en el margen derecho del Río Mendoza; lo actuado según la resolución 722/11 que restringe la concesión de nuevas perforaciones de la cuenca que abarca todo el Río Tunuyán por 5 años; el estado de conflicto con La Pampa por el Río Atuel"; la implementación de la resolución 548 que licita pozos y que desde el radicalismo se cuestiona como "inconstitucional" y las explicaciones de las declaraciones del titular de Irrigación en el lanzamiento del plan Agua 2020 en las que según la norma 548 se dará más agua a la industria que a la producción.

Con todos estos ejes, la UCR intentará sacar la comisión en el Senado sin haber hablado previamente con el oficialismo salvo en una visita sorpresa que realizó Camerucci el 29 de noviembre, con nueve legisladores más.

"No tenemos diálogo en la Legislatura", aclaró el radical. Sin embargo, desde Irrigación y aunque el superintendente no quiso hablar del tema por no estar informado del pedido de la comisión, expresaron: "Cuando vinieron se les contestó todo lo solicitado y hubo hasta declaraciones mediáticas que así lo constataban". Desde el oficialismo, agregaron además: "Estamos trabajando en el balance hídrico que es un mandato de la Constitución que data desde hace 100 años y no se hizo nunca. Recién ahora lo estamos aplicando en la Cuenca Tunuyán Superior".

En su artículo 194, la Carta Magna limita la categoría de las concesiones a otorgar con "carácter de eventual" hasta que se efectúe el "aforo ?o cálculo- de los ríos". Aunque hay mediciones diarias de los ríos, nunca se hizo el balance que pide la Constitución. "Nosotros cuestionamos otros puntos, no esto. No es cierto que nos contestaron todo lo solicitado en la visita de noviembre. Estos puntos no se esclarecieron ni verbalmente ni con el escrito que nos prometieron nos iban a mandar".

Desde Gobierno se limitaron a responder: "Mientras la solicitud siga el curso legislativo que corresponde, que investiguen lo que quieran. Esto es un gobierno abierto". La situación, según Camerucci es "delicada".

"A pesar de los esfuerzos tanto legislativos como personales en recabar información que debería ser pública sobre el funcionamiento de dicho organismo de rango constitucional no se logra ese cometido. Muy por el contrario se siguen anunciando programas y/o proyectos sin conocer tan siquiera un intento de remediación del lamentable gran desprestigio en que ese organismo sustentado por todos los regantes de la provincia, se encuentra aún por la escandalosa anterior administración", dice el comunicado que emitió la UCR el viernes pasado.

"Que investiguen lo que quieran, no hay nada para sospechar", agregaron desde Irrigación.