El sistema de capitalización se implementó desde 1996 en medio de las reformas "neoliberales", y estableció una edad de 65 que ya había sido bajada por Evo Morales a 60. Hasta ahora es manejado por dos administradoras, una en manos del español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y otra en manos de la suiza Futuro, del grupo Zúrich.

De inmediato estalló la polémica, aunque el oficialismo tiene suficientes legisladores para aprobar cualquier proyecto de ley sin contar con la oposición.

Los empresarios dicen que es insostenible. "Es una medida política, sin análisis económico serio. Las próximas generaciones deberán pagar la factura", opinó en el mismo sentido el economista Gonzalo Chávez.

Pero el vicepresidente Alvaro García Linera rechazó los cuestionamientos y señaló que se pondrán "candados" para evitar la mala administración estatal de los aportes y señaló que la estatización es un mandato de la nueva Constitución. Según el número dos boliviano, el proyecto de reforma de pensiones es el "más avanzado en América Latina y uno de los más avanzados en el mundo", propio de un "Estado de bienestar" que, en el caso de Bolivia -acorde a la terminología supuestamente indígena- "puede llamarse Estado del buen vivir".

Con todo, la reforma no será tan radical: el vicepresidente aclaró que se respetarán las cuentas individuales y que "los ahorros no se tocan, el Gobierno es respetuoso del ahorro personal".

El proyecto establece un fondo solidario, financiado con un 0,5% de aporte de los trabajadores, el 3% de los empleadores (eliminado en los 90) y un aporte de los altos salarios, destinado a sostener una jubilación mínima a quienes aporten poco debido a sus bajos ingresos. Según el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), "en 2009, el 31% de los trabajadores ganaba menos del salario mínimo (que no llega a 100 dólares) y el 60% menos de dos salarios mínimos, ni siquiera el equivalente al costo de una canasta normativa alimentaria". El técnico de esta ONG de izquierda, Carlos Arze, sostiene que con los "salarios miserables que se cobrar en Bolivia" sin un aporte del estado "el sistema no cuadra". Según el Cedla, el 62% de los empleos son actualmente en el sector informal de la economía y apenas el 23% de los trabajadores pertenecen a un sindicato.