El Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) decidió cambiar de estrategia y no tensar las relaciones con el gobernador, José Alperovich. Por el contrario, abrirá canales de diálogo institucional con los poderes políticos (Ejecutivo y Legislativo). El fin es destrabar la situación suscitada en aquellos concursos en los que menos de cinco postulantes alcanzaron el puntaje exigido (60 puntos como mínimo) para acceder a la etapa final de los procesos de selección. Esto impide cumplir con la Ley 8.197, que exige que el CAM eleve un quinteto al primer mandatario -por cargo vacante en la judicatura- para que él elija a uno y lo designe juez.

Durante la sesión celebrada ayer, el CAM dio el primer paso o gesto al haber decidido no insistir ante Alperovich con el dictamen según el cual María Isabel Bravo es la única concursante que reunió los requisitos previstos por la Ley 8.197 en la selección concretada para la cobertura de dos vacantes en la Cámara en lo Civil y Comercial Común de Concepción. El gobernador había pedido al CAM que seleccionara cuatro abogados más -además de Bravo- para que él pudiera disponer de las cinco opciones que establece la Ley 8.197.

Frente a la posibilidad de que lo que ha sucedido con Bravo se repite en el concurso en marcha para cubrir tres vocalías en la Cámara de Familia y Sucesiones de la capital, donde sólo tres concursantes pasaron a la etapa final, los consejeros decidieron explorar opciones, que afinarán la próxima semana.

Augusto Avila, representante suplente de los magistrados de la capital, aseguró que una parte de la solución es política y la otra, depende del CAM. Por eso, en el primer plano instó a abrir canales de diálogo con la Legislatura "con el fin de que se modifique la Ley 8.197, para que se pase de la exigencia del quinteto a la de la terna, como impera en la mayoría de las provincias" y, eventualmente, para "bajar el piso exigido (en alusión a los 60 puntos) para acceder a la entrevista personal con el CAM".

Al mismo tiempo, Avila insistió en que debe retocarse el Reglamento del CAM, para "liberar los techos", en referencia a los puntajes máximos que hoy rigen para los diferentes rubros que se consideran en el momento de calificar los antecedentes de los concursantes.

Idea que nació en el sur

Jorge Cinto, representante de los abogados del sur, relató que, a partir de conversaciones mantenidas con Edgardo Sánchez (consejero suplente por el estamento de los magistrados de igual jurisdicción) y con Regino Amado (representante del oficialismo legislativo), surgió la idea de que este último converse con Alperovich para allanar una solución. "Hay que explicar que el CAM se ajustó a la Ley 8.197 y no pretende retacear al PE el quinteto. El PE debe entender que se trata de una situación excepcional (por lo de Bravo) y que urge cubrir las vacantes", esgrimió.

El legislador opositor Esteban Jerez no ocultó su desacuerdo con los términos del dictamen del fiscal de Estado, Pedro Giudice, en el que se basó Alperovich para reservar el nombre de Bravo hasta que el CAM le remita cuatro postulaciones más. "Casi nos endilgan sedición (respecto de la exigencia del quinteto), lo que es excesivo", se quejó.

En relación con la propuesta de Cinto y a eventuales cambios a la Ley 8.197, la legisladora oficialista Carolina Vargas Aignasse destacó: "todo es bienvenido, pero se trata de atribuciones que corresponden a los otros poderes del Estado".