Con respecto al ingreso de personas con capacidades diferentes y ex presidarios a la administración pública, el contador Ricardo Solé dijo: “Esto apareció en el boletín oficial del 8 de septiembre de 2011. A partir de esta ley todos los organizamos descentralizados y empresas del Estado provincial van a tener que cumplir con un cupo de 2% de estas personas entre su personal. El artículo 6, de la ley 14.301, modifica el artículo 208 de la ley fiscal de la provincia que habla de las extensiones, de la ley 10.397, diciendo que aquellas empresas que tomen discapacitados o personas que hayan estado en el sistema carcelaria por más de cinco años, van a poder reducir de sus impuestos a los ingresos brutos hasta el 50% de las remuneraciones que le paguen”, agregó.

A su vez aclaró que esto es una buena medida para que las personas que se encuentran con este problema tengan la posibilidad de reinsertarse rápidamente en el sistema productivo normal. Esta posibilidad le da al empresario la opción que en vez de pagar ingresos brutos pueda tomar como pago a cuenta hasta la mitad del sueldo que les paga a estas personas según refirió el contador.