En el mundo de los sindicatos, cada uno hace lo que quiere. Los gremios, más que afiliados tienen cautivos, y pueden, si quieren, convertir en rehenes a enfermos y sanos.

Ahora, y para embarrar un poco más la cancha del país, Aerolíneas Argentinas deberá pagar 600 pesos por cada pasajero que quedó varado tras la cancelación o postergación de los vuelos internacionales del domingo. Se estima que esto significa para la empresa, es decir para todo el pueblo argentino, unos 132.000 pesos por vuelo, aunque muchos de los afectados, desconociendo estos derechos, no han solicitado el reembolso.

Todo comenzó cuando el representante gremial de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico, APTA, Ricardo Cirelli, se quejó del presidente de Aerolíneas Argentinas y llevó adelante la huelga gremial. El gremio –que hablaba solamente de seguridad- aseguró que no dispuso ningún tipo de paro encubierto; no obstante, nadie le cree. Insistió en que las demoras en los vuelos en los últimos días obedecieron a que los técnicos dieron prioridad a cuestiones de seguridad en la salida de algunos aviones, y acusó de “negligencia empresarial” a la aerolínea.

En un pronunciamiento que promete generar polémica, Hugo Moyano emitió un fuerte respaldo al gremio aeronáutico enfrentado con el Gobierno, y cuestionó con dureza la decisión de la Casa Rosada de pedir a la justicia la suspensión de la personería gremial del sindicato en conflicto.

Pero Moyano tiene sus propios problemas: el sindicato de camioneros que lidera mantiene su protesta con la empresa de catering suiza Gate Gourmet por el encuadramiento gremial de 150 choferes. De no avanzar en una solución, Moyano amenazó con montar un campamento en la puerta de la embajada de Suiza.

Y no es todo. Los trabajadores de la salud están a punto de parar todas las clínicas por sus reclamos. Como si fuera poco, y mediante un duro informe elaborado por la sede La Plata de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), fueron denunciadas graves irregularidades en unas 40 empresas que prestan servicios de enfermería e internación domiciliaria en la zona de la capital provincial. Según el trabajo, las firmas están acusadas de contratar personal no calificado, y de no respetar el convenio colectivo de trabajo del sector: luego prestan servicio a las mutuales.

Este servicio incluye asistencia de enfermería, acompañamiento terapéutico y rehabilitación en los hogares: el personal contratado para la especialidad de enfermería no es idóneo, no tiene capacitación o título habilitante, situación que pone en riesgo la salud de la población. El operativo se extenderá a cuarenta distritos más.

En ATSA La Plata explicaron además que por la gravedad de las situaciones advertidas, desde la entidad sindical se dispuso notificar a las principales obras sociales, entre ellas a IOMA, sobre el resultado de los relevamientos realizados hasta el momento.

¿Las obras sociales hacen lo que quieren? Sí, total, el afiliado está tan ocupado que ni se queja. Y si se queja, le dicen que piense bien a quién votar en las próximas elecciones, de las que seguramente ni se enterará.

Postrado

Tal es el caso de referencia, en que un afiliado a la obra social de Conductores Navales de la República Argentina (OSCONARA) lleva cuatro años tratando de lograr que su mutual cubra el tratamiento de rehabilitación que requiere tras haber sufrido una hemorragia cerebral.

Se trata de José Domínguez, quien en abril de 2007 sufrió el accidente cerebral mencionado, y fue intervenido quirúrgicamente en la Clínica Colón dos días después. Allí contrajo una infección hospitalaria que le sumó una neumonía. Permaneció en terapia intensiva y en coma por espacio de 17 días más.

Cuando el neurocirujano Mendiondo le dio el alta, indicó que José debía ser derivado a un centro de rehabilitación especializado para evitar futuros perjuicios en su salud: el paciente estaba altamente medicado, rígido, postrado, con hemiplejia y afasia, sondado por trastornos de deglución, y con traqueotomía. Usaba pañales y requería atención permanente de kinesiología.

Como en la ciudad no hay un centro de rehabilitación como el que necesitaba, se le ofrecieron los servicios del INAREPS, con dos horas diarias de trabajo de rehabilitación: las 22 restantes el paciente debía permanecer internado, pero bajo el cuidado familiar. Imposible afrontar los gastos de servicio de contratar tres enfermeros permanentes para cuidarlo.

Cuando la esposa del afiliado se dirigió a la obra social, se le respondió que podía buscar otro sitio, pero que se manejarían por reintegro: ella debía pagar, pero las cifras son sumamente elevadas.

Los familiares finalmente encontraron sitio en el ULME, San Germain SRL de Buenos Aires, en Belgrano, donde Domínguez fue trasladado por orden de Mendiondo. Allí permaneció desde el 17 hasta el 31 de mayo de 2007, pero como sufrió una hepatopatía aguda, debió ser trasladado al Hospital Naval, y por eso perdió su sitio en el centro especializado.

Una vez que se recuperó del hígado, no sólo no encontraron sitio allí, sino tampoco en otro lugar, por lo que debieron volver en ambulancia a Mar del Plata. A partir de ese momento, la obra social dejó a Domínguez, en el estado que se detalló, sin asistencia médica, por espacio de quince días: la esposa contrató los servios de la empresa Medidom, que resultó altamente deficiente. Los insumos llegaban en forma discontinuada y no eran los necesarios: entre la obra social y la empresa no hicieron más que agregarle padecimientos a una familia ya devastada por la enfermedad.

Pero Domínguez no necesitaba únicamente tres enfermeras diarias en turnos de ocho horas para contener sus necesidades básicas, sino además un kinesiólogo y fonoaudióloga en sesiones diarias, por lo que la familia comenzó a costear los servicios de forma particular. Las cartas documento –interminables- comenzaron el 16 de julio de 2007, y luego la correspondiente solicitud de amparo de la familia ante la justicia. Pero la obra social ni se inmutó, y solamente jugó a ganar tiempo.

El 30 de agosto del mismo año, el juez Eduardo Jiménez, del juzgado federal Nº 2 de esta ciudad, dictó la medida cautelar ordenando a la obra social que provea el 100% de cobertura del tratamiento de rehabilitación domiciliaria, con todos los servicios descriptos. A septiembre de ese año, la familia volvió a denunciar que la mutual no había cumplido con nada. Por eso el juzgado intimó al cumplimiento de los servicios bajo amenaza de aplicar astreintes, es decir sanciones valuadas en dinero contra el deudor que demora el cumplimiento de una orden judicial.

La intimación se reiteró al año siguiente, pero para OSCONARA, al parecer, no hay amenaza que valga.

Durante el 2008 hubo una sentencia, que quedó firme el 15 de mayo. Aunque con tal de no pagar, los titulares de la obra social llegaron hasta la Cámara de Apelación, donde los jueces Jorge Ferro y Pedro Hooft le dijeron a la mutual: a ver si nos entienden, tienen que pagar.

Durante el proceso, los chicos malos de OSCONARA, con su abogado a la cabeza, recurrieron a todo lo posible. Afirmaron que en realidad ellos habían mandado profesionales a la casa de Domínguez, pero como la familia los había tratado tan mal, no habían querido volver. Después consiguieron una testigo que dijera que en realidad Domínguez estaba fantástico, y que había atendido la puerta caminando con bastón, así que ya no necesitaba nada.

Finalmente, y ante la fuerza de las evidencias de que se trata de un paciente extremo, cuya familia ya había dejado todo su patrimonio en los cuidados, empezaron a negociar el precio de lo que debían restituir a la esposa. Al presente, se trata de una suma que ronda los doscientos mil pesos, pero ni piensan en pagarlo.

A través de la gestión de su abogado, Federico Carnicero, y puestos contra la pared por el tribunal con la intimación al pago, comenzaron a decir que el volumen de los certificados presentados por el paciente era mayor al que ellos esperaban, y que necesitaban tiempo para ordenarlos y sacar la cuenta. ¿Cuánto dice que le debo?

Postrados II

Mientras tanto, los Domínguez se han ocupado de pañales, sondas y remedios, además de los turnos de enfermeros, kinesiólogos y fonoaudiólogo. Ahora dice su esposa que ya no tiene con qué seguir, porque el paciente requiere medicamentos costosos que toma permanentemente: Valcote 500, Conformal 400, Cardelilo 25, Hidroclorotizada 25, Clonazepam 05 y Omeprazol 40.

Por más que sea una muestra, los afiliados sindicales de este país están siempre en manos de otros, en las de unas obras sociales que ni se ocupan de los avatares de quien ha aportado dinero contante y sonante cuando estaba sano, y luego ha tenido una enfermedad que para ellos, da pérdida. Domínguez ni siquiera tiene PAMI.

Es el mismo padecer y postración que sufren los familiares de afiliados a la Obra Social Bancaria, cada la vez que recurren a ellos por una urgencia de salud, como una fractura, por ejemplo, y necesitan una radiografía: se encuentran con que la mutual está siempre “cortada”, y las exquisitas empleadas los envían al hospital público aunque continúe el afiliado haciendo los aportes de rigor.

Igual que un afiliado de IOMA, que no puede consumir ningún remedio que incluya dos drogas a la vez: usted, o se quita el dolor, o se desinflama. Elija bien. Olvídese si necesita hormonas o densitometría: para la obra social de los trabajadores de la provincia, los tratamientos para mantener la salud ósea durante la menopausia son lujos. La operación para la miopía, un placer estético, a no ser que el paciente esté prácticamente ciego.

Pero mientras tanto, puede usted ir a llorar a los mostradores, que no le dirán que no, pero le indicarán un camino para solicitar la excepción, que será tan arduo y complejo que lo desalentará. Y si no, vaya a la justicia. Total, si en cuatro años no han hecho que OSCONARA ponga ni un peso, así le va a ir.