¿Cuántas personas sabían qué era el traslado de un juez a principios de este año? ¿A cuantas les cambia la vida la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con respecto a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi? La respuesta probablemente no nos sorprendería. Más allá de estas consideraciones, la decisión de la Corte pone un poco de lógica a un mecanismo utilizado por la política en forma de premio y le abre la puerta a múltiples interpretaciones dentro y fuera del maravilloso mundo judicial.

Un traslado es un mecanismo totalmente excepcional donde un juez pide ir hacia otro juzgado. En los últimos 20 años, existieron alrededor de 65 traslados. No muchos, es cierto, pero un tercio de esos se dieron durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri. Antes de la reforma constitucional de 1994, los traslados era algo que el Ejecutivo hacía para “premiar” ciertos jueces. Ese se desarticuló (un poco) pero de todas formas la Corte salió a pegarle de lleno: una especie de todo bien pero ese mecanismo no puede ser utilizado para reemplazar lo que la Constitución te marca. Es decir, hay que hacer un concurso para llegar a cierto juzgado, no podes ir rotando por ahí solo porque sos juez y lo pedís.

La mayoría conformada por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti decidió alejarse de los extremos que agitaban que de este fallo dependían la República y el Estado de Derecho. Marcaron bien claro que la última palabra sobre cómo interpretar la Constitución Nacional la tienen ellos (que por algo integran la Corte). A su resolución se les sumó Elena Highton de Nolasco, cada vez más alejada en los fallos de relevancia del solitario presidente Carlos Rosenkrantz.

El Estado de Derecho no depende de un fallo (que puede caerte mejor o peor). La irresponsabilidad de afirmar que todo lo que pase en tribunales hace peligrar la República ya es un clásico agitado por varios flancos políticos. Ni hablar cuando se trata de casos que están en investigación. ¿Por qué un juez de Entre Ríos falló a favor o en contra de un ex ministro está en riesgo el Estado de Derecho? No sólo es un delirio sino también una mentira hermosa.

Más allá de los agoreros de siempre, la Corte decidió “hacer la suya”. No fue un fallo salomónico (otra palabra repetida hasta el hartazgo) sino bastante duro contra Bruglia y Bertuzzi y también contra el Consejo de la Magistratura, al que considera responsable de todos los traslados que se hicieron (mal) desde el año 2000. ¿Qué implica esta situación? Que debe redactarse otro reglamento de traslados y que siempre pero siempre van a ser un arreglo provisorio, en un sistema judicial que no puede bajar del 30% de vacantes.

El Consejo tiene ahora la misión de llevar adelante concursos de la forma más ágil y transparente pero tampoco podrá escapar de las mieles de la grieta. Para conseguir que tres candidatos (la famosa terna) pasen al Poder Ejecutivo después del examen, entrevista y conformación de un puntaje se debe tener una mayoría especial. Es decir, de los 13 miembros que tiene, 9 deben aprobar esa terna. Ningún oficialismo tiene ese número por sí mismo, necesita si o si del famoso consenso. Es claramente uno de los motivos por los cuales los concursos a veces se prolongan más allá de los cinco, seis, siete años.

A todos nos debería importar que el sistema judicial no demore demasiado en elegir, después del proceso constitucional, a los jueces para determinado juzgado. Así, se acabarían las suspicacias por los traslados o por las subrogancias, la forma judicial de llamar a una suplencia. Por supuesto, los concursos también generan sospechas pero por lo menos son más sencillas de desarticular.

¿Qué pasará entonces con los jueces que fueron trasladados hace muchos años? ¿Dónde volverán si su cargo ya fue ocupado por otro juez? ¿Qué pasará con Eduardo Farah, ex integrante de la Cámara Federal que pidió un traslado durante el gobierno de Macri luego de que lo acusaran de corrupto? “Caso por caso” es la respuesta más repetida hasta ahora. “Se verá si se le pide una aclaración a la Corte”, consideran otros.

Linda ensalada para agitar un momento político judicial que venía estancando con el tema traslados pero por los argumentos incorrectos: nadie se centraba en lo poco claro que que era el sistema. Muchos hablaban de lawfare o gritaban “República” pero se concentraban poco en sanear un mecanismo que permitió, por lo menos, algunas llegadas un tanto sospechosas a lugares clave. Ahora, otra vez, la pelota pasa a la política.