Luego de estar desaparecido en el Servicio de Informaciones (SI) de la Jefatura de Policía y ser sometido a crueles torturas (infierno sobre el cual testificó ante el tribunal que juzga la Causa Feced), tras ser «blanqueado» y recorrer varios penales recién fue liberado en 1982, luego de la debacle de Malvinas.

   En un extenso diálogo con La Capital, Seminara reflexionó: “Sólo entendiendo cómo fue la transferencia de Papel Prensa se explica el silencio periodístico que hubo durante la dictadura procesista”, al tiempo que aseguró, para sumarse a la polémica, que “quien controla el papel, controla la opinión pública”.

   —¿Cuáles son los grandes cambios que impone en el proceso comunicativo la nueva ley de medios?

   —El mayor logro de la ley y su mayor riqueza se dieron durante el proceso de debate previo y por haber logrado instalar en la comunidad la importancia que tienen los medios de comunicación en la conformación de la opinión pública, en la construcción de sentido. Se logró por primera vez en democracia la construcción de un sistema mediático integral, que contiene a todos los actores sin exclusiones. Los privados tienen una participación importante, los Estados en sus tres niveles (nacional, provincial y municipal) tienen su nivel de participación y su diversidad, con la misma distribución que distingue al sistema democrático en la Argentina. También se ha dado la incorporación de actores que durante muchos años estuvieron vedados: las cooperativas, mutuales, sindicatos, las organizaciones sociales en general. Y hay dos sectores que han sido realmente tratados de manera privilegiada: los pueblos originarios y las 46 universidades públicas, que tienen posibilidades de tener una o más radios y operar una señal de TV digital, con autorización del Poder Ejecutivo nacional por el solo hecho de ser universidades públicas. Las universidades son productoras de contenidos privilegiadas, habiendo hecho en los últimos tiempos grandes contribuciones en la producción de programación audiovisual con temática cultural.

   —Se pone en evidencia la concepción absolutamente federalista de la ley...

   —Totalmente. En cuanto a la autorización para operar las señales, la ley contempla dos niveles: para los privados y las organizaciones sociales, la adjudicación es por concurso. Por otro lado, para los Estados municipales y provinciales y el Estado nacional, las universidades públicas y los pueblos originarios es por autorización de la Afsca.

   —¿Cuáles son las disposiciones de la ley respecto de los contenidos?

   —Lo que dispone son las cuotas de contenido: 60% de producción propia y noticiero informativo local. Pero no estipula que se deba hablar a favor de uno o de otro. Lamentablemente, sobre la letra de la ley se ha construido un mito: que deja a gente sin trabajo. Esto es mentira: acabamos de entregar autorizaciones a 1.200 radios de ciudades de todo el país. Suponiendo que en ellas trabaje un mínimo de cinco personas, son seis mil nuevos puestos de trabajo.

   —¿Se perciben ya los efectos de la norma en el sistema de medios?

   —Sí. Vivimos en una ciudad donde los dos canales (3 y 5) ya se han adecuado a la producción de contenidos locales. Salvo Cablevisión-Multicanal, del Grupo Clarín, que no ha respetado el reordenamiento de la grilla dispuesto por la Afsca, los otros cableoperadores sí lo cumplen. El reordenamiento de la grilla no es un capricho de la autoridad de aplicación y sí es un empecinamiento de Cablevisión no respetarlo. La grilla busca llevar certeza para los usuarios de los primeros veinte canales, a través de un ordenamiento lógico. También tiene que estar la incorporación de Telesur, el canal de noticias producido por los países que integran la Unasur, que nos permite acceder a una mirada latinoamericana de la información.

   —¿Los organismos de aplicación de la ley se han conformado en su totalidad?

   —El Consejo Federal se ha conformado en su totalidad, ya que están representadas las 24 provincias. En cuanto a la Afsca, su integración es incompleta: faltan dos miembros de las minorías parlamentarias opositoras. A partir de la aprobación de la ley hay un intento, a mi entender mal planteado, de no reconocer una norma sancionada, y por lo tanto se han negado a integrar la comisión bicameral que decide quiénes son los representantes de la segunda y tercera minorías.

   —Respecto de la medida legal contra la fusión de Cablevisión y Multicanal (Grupo Clarín) planteado por Supercanal (Grupo Uno), por abuso de una posición monopólica, ¿qué repartición entiende en este diferendo?

   —Este conflicto interempresario está planteado ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, dependiente de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía. Nosotros también consideramos que la concentración que se dio en cuanto a que Cablevisión engloba al 70% de los abonados a canales de cable (que a su vez son el 70% de la población) es claramente una situación monopólica, que dificulta la libre competencia entre los cableoperadores. Acá el problema es cuál es la concepción que subyace acerca del Estado. Es decir si debe o no regular determinadas áreas de interés público, en este caso la comunicación audiovisual. Si debe servir a un sector de la sociedad o debe regular para el bien común.

   —¿Cuál es la visión desde la Afsca del conflicto por Papel Prensa?

   —Yo prefiero hablar como un hombre de la democracia. Como un ciudadano común, que ha tenido responsabilidades en la formación de periodistas y comunicadores por su condición de docente. La regulación sobre Papel Prensa era un problema que Argentina debía resolver en democracia porque fue creado en dictadura. La resolución de esto es una nueva ley que garantiza a todo aquel que quiera ser dueño de un medio de comunicación gráfico el derecho y el acceso a un precio igualitario del bien esencial que es el papel. Muchos diarios en Argentina durante varios años, incluso

La Capital, históricamente eran importadores de papel y estaban sometidos a una competencia desleal y a los vaivenes tanto del dólar como de la Aduana. Hubo épocas donde, si no tenían un stock muy grande, sus ediciones corrían peligro. Lo que se viene a garantizar acá es la producción nacional, porque estamos en condiciones de abastecer casi el 100% del papel que se consume. Si no se llegara a ese porcentaje, el Estado debería garantizar la importación al mismo precio que estaría fijando nuestra empresa testigo.

   —Cuesta entender cómo puede argumentarse a favor de una posición tan flagrantemente injusta en favor de Clarín y La Nación...

   —Tal vez sea sólo entendible para quienes hayan leído el libro de Alejandro Olmos sobre la deuda externa argentina. Lo que se hizo con Papel Prensa fue, ni más ni menos, enajenarle al Estado una empresa más y transferirla a sectores privados. Si uno fuera más lejos, podría llegar a decir: sólo entendiendo cómo fue la transferencia de Papel Prensa se explica el silencio periodístico que hubo durante la dictadura procesista. Si tuvimos que esperar al ’83 y al “Nunca Más” para conocer las barbaridades que se hicieron con compatriotas nuestros, en gran medida es porque también hubo empresas que controlaron el papel y que a su vez controlaron la opinión pública durante la dictadura videlista.