Lleva medio año al frente de un organismo que está en la mirada de toda la sociedad, toda vez que es el encargado de dar respuesta a la demanda de viviendas y de obras que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de la gente. En su despacho, el arquitecto Andrés de Santis habló con La Opinión Austral de los problemas que encontró al hacerse cargo del IDUV, de los ejes de trabajo que se fijó y de las expectativas que tiene para el organismo en el futuro próximo.

De Santis augura un panorama más halagüeño que el que hubo el año pasado. Cree que habrá viento a favor que permitirá saldar el atraso en el que se incurrió producto de la merma de recursos para terminar las obras que estaban proyectadas.

En estos seis meses que lleva al frente del organismo, ¿cuáles fueron los principales problemas que encontró en el instituto?

En primer lugar teníamos un problema de imagen, que buscamos revertir, vinculada esencialmente a una cuestión que es externa, en realidad a la institución, a la provincia y a la Nación, que fue la crisis internacional. Porque muchos eso que vemos por la televisión, creemos que no nos toca y en realidad es todo lo contrario, y esto generó una caída en la imagen pública, ante la imposibilidad de cumplir con la entrega de viviendas.

Mi desafío es rescatar el buen material humano que tiene el organismo para revertir la situación y llevar adelante muchas otras acciones que tienen que ver con las demandas de la sociedad, que hoy pide viviendas, veredas, de las redes, de los cercos, hospitales, escuelas, y a pesar de haber transitado una época muy adversa, está haciéndose eco de esas demandas.

En las recorridas que hacen por los barrios o por las localidades del interior, ¿qué es lo que la gente le plantea?

Hay cosas muy complejas, pero también otras muy simples. Por ejemplo, cuando estuve con el Barrio Evita, el problema eran las veredas. Estábamos haciendo un montón de pavimento en el barrio y a veces, desde el escritorio no ves cosas que son simples. Así fue como una vecina, explicando el porqué del pedido, me dice, ‘¿sabe lo que pasa? es que la gente prefiere ir por la calle y es muy peligroso por la calle’, por eso sacamos un plan en siete sectores para atender esa problemática y estamos haciendo veredines de 1,20 metros de ancho, para proteger el pavimento, primero para evitar las filtraciones desde las veredas y por otra parte, darle seguridad en el tránsito de la gente.

Distinto fue el caso Marina, dónde estamos trabajando en la solución todavía. Ellos plantean que ante la menor lluvia se inunda el barrio, entonces si bien ya había un proyecto desarrollado, estamos en instancias de economía y para poder rearmar el financiamiento de esa obra de desagüe pluvial, para poder concretarla. Resuelto esto, esperamos que la empresa pueda arrancar lo antes posible.

¿Qué nivel de atraso hay en las obras?

Es diverso, en función del financiamiento que estas tengan. Hay obras provinciales que estaban prontas a terminar y para eso se ha hecho un gran esfuerzo, para financiar lo que faltaba para terminarlas. Otras obras de fondos provinciales fueron transferidas al financiamiento a través del Fondo Soja, que ante la caída de la recaudación fiscal, ese traspaso permitió la reactivación de las mismas, que son obras que están vinculadas a demandas sociales, como ser la subcomisaría del Barrio San Benito o las veredas del Barrio Evita, por caso de Río Gallegos.

Las obras nacionales tuvieron un pequeño atraso, pero desde hace unos 45 días se han comenzado a normalizar nuevamente.

¿Hay obras que todavía están paradas?

Sí, varias, dónde todavía hay problemas de financiamiento, pero lo que se ha verificado es que, en esos casos, todos los actores que participan de una obra pública, llámese sindicato, empresas, cooperativas y el instituto, todos apuntan al mismo objetivo, que es reactivar las obra paradas.

Si bien son varias, en realidad algunas ya han arrancado, otras están prontas a hacerlo, como ser las cisternas de Pico Truncado y Las Heras, ya tienen fecha de inicio y ya recomenzaron las viviendas en Caleta Olivia, Pico Truncado, Puerto Deseado y Comandante Luis Piedra Buena, lo único malo es que esta reactivación se dé en proximidad de la veda invernal, aunque es algo que afecta más bien a la zona sur de la provincia.

¿Cuántas viviendas se están construyendo y en qué fecha se entregarán?

Hay muchas que están muy avanzadas y otras no tanto. En total serán unas 1200 viviendas, en distintas etapas y a estas se le sumarán las otras mil que se iniciarán en el marco del fideicomiso. De acá al primer bimestre de 2011 esperamos entregar las 1200.

Los que critican los planes de viviendas hablan de alto valor de las mismas…

La respuesta es simple… tanto que asusta… Un obrero a una empresa le sale entre 7400 y 8000 pesos mensual, entre el salario de bolsillo, los aportes y los elementos de seguridad. Esto quiere decir que una empresa que tiene entre 100 y 120 trabajadores necesita, sólo para pagar mano de obra, un millón de pesos, aproximadamente. Lo que quiere decir que el coeficiente de incidencia del valor mano de obra no es el mismo que en otros puntos del país. Así, el m2 en Tierra del Fuego es más caro que en Santa Cruz, y en Chubut es un poco más barato. Tiene también que ver con la distancia, el fleteo del material, etc.

Por lo que no se puede hacer la comparación del valor de una vivienda en Córdoba que uno acá, y aún así, comparando materiales, mano de obra y carga impositiva, tampoco se puede hacer, porque en todos los institutos de vivienda del país, los distintos convenios generan diferentes obligaciones.

¿Esto qué quiere decir?

Por ejemplo, se firma un convenio con el Ministerio de Planificación para avanzar en la construcción de un barrio en x lugar. No será lo mismo si en ese lugar están todos los servicios que si hay que llevarlos hasta ahí. Los costos de arranque son diferentes, multiplicando con creces el costo del m2.

Por eso que no se puede generalizar en forma banal, sobre datos que están muy estudiados, nadie puede hacer una vivienda fuera de los parámetros previstos en el Instituto Nacional de la Vivienda, no hay manera. Allí se estipulan los valores previstos para los planes sociales en los distintos puntos del país. Y puede pasar que la misma vivienda, exactamente igual, que acá sale 200 mil pesos, en Formosa a lo mejor sale 90 mil y ya está previsto por norma.

Con respecto a la adjudicación, ¿puede haber gente, todavía, que tenga más de cinco años esperando su vivienda?

Sí, es probable. Porque hay que tener en cuenta que esta provincia tiene un crecimiento vegetativo bajo, pero una migración muy alta. Por ejemplo, en Caleta Olivia hay unas 7000 personas radicadas de Bolivia, que ya hicieron su radicación, tienen su documento y ya son comprovincianos, y muchos de ellos han presentado su carpeta porque hace 15 o 20 años que viven en Santa Cruz.

Hay una enorme corriente migratoria que ha hecho mucha presión sobre la estructura del instituto, porque estamos preparados para un determinado volumen de requerimiento y de pronto este se ha multiplicado más allá del crecimiento vegetativo, entonces poder satisfacer toda la demanda no es tan fácil.

¿Y cómo está el nivel de recupero de cuotas en el IDUV? Algo que está íntimamente relacionado con el compromiso social ciudadano que debería tener todo aquel que está adjudicado para con el resto, que aún está esperando la vivienda…

Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Si bien nuestro nivel de recupero es alto comparado con otros institutos de la vivienda, también es cierto que la carga definitiva es lenta, que es algo que estamos tratando de resolver.

Queremos rearmar el sistema de control y gestión para poder ser más rápidos a la hora de recaudar. Algo que es sumamente importante, porque otorga más ventajas al resto de la gente que espera todavía una vivienda. Hoy estamos en un 70 % sobre los que están declarados y una vez tengamos todo cargado, esperamos llegar al 85 % de acá a fin de año.

Hablando de los barrios ya entregados, ¿hasta dónde es el compromiso del IDUV y cuál es el de los adjudicatarios, en cuanto al mantenimiento de la vivienda?

Hay dos tipos de cuestiones. Una está vinculada a si el adjudicatario tiene una vivienda única y la otra si ésta pertenece a un grupo de viviendas en propiedad horizontal.

En el primero de los casos, es verdad que muchos vecinos pretenden obtener o bien mejoras en las cuotas o prórrogas en la cadena de pagos, ante algún deterioro que se presente en su casa. Pero el instituto es responsable por dos años y medio, que es la garantía que tiene la empresa respecto de la institución y que está establecido en los pliegos de licitación.

Pasa que a veces alguna cuestión no queda bien, pero hay dos años y medio para darse cuenta de ello, un período que no es corto para eso. Pasado ese tiempo, el IDUV ya no tiene responsabilidad legal.

Si bien es cierto que hay casos que ameritan por su impacto social una atención diferenciada, como puede ser instalación para discapacitados o escaleras de incendio que fueron obligatorias en algunos casos, después de haber sido construidos los edificios.

Acá ha venido gente con reclamos sobre una vivienda que hace 25 años que fue construida, cuando obviamente el instituto no tiene nada que ver en ello.

En el segundo caso, existe una ley que obliga a los vecinos a constituir consorcio y el IDUV viene, desde el inicio de mi gestión, sistemáticamente informando a todos los adjudicatarios comprendidos en estos casos que tienen que la obligatoriedad de constituir consorcio, porque la ley está para cumplirse.