Sin embargo, otra de sus disposiciones establece restringir la participación de los querellantes a la etapa indagatoria; hecho que generó preocupación en la parte litigante ya que consideran que el Magistrado lleva adelante el caso como “un expediente administrativo más”. LA INVESTIGACIÓN En una resolución emitida el 1° de agosto en el marco de una causa que la responsabilidad de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en una serie de homicidios cometidos entre los años 1974 y 1976, el titular del Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata, Santiago Inchausti, pidió librar sendos oficios a la Universidad Nacional de Mar del Plata con el objeto de que la casa de altos estudios remita con “carácter de urgente” los legajos personales originales del personal docente y no docente. Asimismo, ordenó que el Ministerio de Seguridad de la Nación haga lo propio con la información relacionada a Roberto Schiro y Oscar Corres, quienes habrían prestado servicios en la Policía Federal Argentina. También solicitó a la cartera de Justicia provincial que brinde documentación de Ernesto Durquet, quien se habría desempeñado como docente en el Servicio Penitenciario Bonaerense y en la Escuela Vucetich de la Provincia. En tanto, requirió al Ministerio de Seguridad bonaerense que aporte datos relacionados a once funcionarios policiales que se desempeñaron en esta ciudad en el año ’75 y promovió que el Ministerio Público Fiscal concurra a los archivos periodísticos de los medios gráficos locales “La Capital” y “El Atlántico”, a fin de tomar vista de las publicaciones correspondientes a los años 1975 y 1976. Sin embargo, una de las medidas de Inchausti puso en alerta a las querellas. Se trata de la que restringe el acceso de las partes acusadoras a las audiencias de indagatorias, argumentando falta de “lugar físico”. Puntualmente -según consta en el expediente al que 0223.com.ar tuvo acceso- el Juez Federal consideró que “deviene necesario traer a colación la acordada 1/12 regla (regla quinta) de la Cámara Nacional de Casación Penal cuando alude a cómo deben celebrarse las audiencias testimoniales prestadas por víctimas o testigos de hechos como los aquí investigados en cuanto a que debe evitarse su revictimización; circunstancia que podría acontecer en concreto en caso de que las personas citadas sean sometidas al interrogatorio de las partes, cuando ello, indefectiblemente, ocurrirá en la eventual etapa de juicio oral”. “En virtud de ello -lo que resulta imperativo atender- sumado a la necesidad de otorgarle mayor celeridad al proceso -que tiene personas detenidas y situaciones procesales con pronunciamientos firmes- y que no se cuenta con un lugar físico adecuado para la asistencia de tantas personas, corresponde limitar el acceso de las partes a las audiencias programadas (a excepción del Ministerio Público Fiscal)”, señaló. En consecuencia, decidió que “las partes podrán acompañar pliego de preguntas”, aunque aclaró que podrán “atenderse excepciones debidamente fundadas”. “ALGUNOS PROCEDIMIENTOS DE INCHAUSTI NO NOS GENERAN CONFIANZA” Esta última disposición del Juez Inchausti provocó la rápida reacción de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos del Sudeste de la provincia de Buenos Aires, organización que junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y familiares de algunas de las víctimas actúa como querellante en la causa CNU. “Nos tiene sumamente preocupados la instrucción de la causa CNU porque el juez Inchausti ha tomado algunas medidas y tiene algunos procedimientos que no nos generan la mayor confianza”, advirtió este domingo Carlos Díaz, presidente de la entidad. En declaraciones a 0223.com.ar, aseguró que, de acuerdo a lo resuelto por el Magistrado, están “obligados a mandar el interrogatorio por escrito” y ello podría derivar en que quede “gente sin acusar por una instrucción hecha de una manera tan singular”. “Si yo mando el interrogatorio por escrito y la persona, cuando se le pregunta si A es igual a B, contesta cualquier cosa, ¿quién repregunta?. Nos llama mucho la atención porque hemos tenido juicios grandísimos con carencia absoluta de espacio”, remarcó. Y enfatizó: “Es un tema demasiado grueso como para tomarlo tan a la liviana o darle el tratamiento de un expediente administrativo más”. Por otra parte, Díaz señaló que otra de las “serias irregularidades” del Juez reside en que “no es él en persona quien está conduciendo los interrogatorios y si uno tiene en cuenta quiénes están detenidos, a quiénes se está extraditando y los que están profugados, se da cuenta de que se trata de una causa que tiene peso específico y trascendencia para la ciudad”. A su vez, hizo hincapié en que “muchas veces, tampoco va (a los interrogatorios) su secretario, sino la secretaria del secretario, lo cual ya nos prende una luz roja fuerte”. En ese contexto, anticipó que estas anomalías serán tratadas por los abogados de la Asociación, quienes eventualmente harán “los procedimientos técnicos y jurídicos correspondientes” ante la Justicia Federal. “Desde este lado del mostrador, uno que es querella desde hace muchos años y vio el caso de papel prensa que no avanza, observamos que estamos teniendo un serio problema con la Justicia en la causa CNU porque para llevar esto adelante hay que tener dos cosas: oficio y decisión. Si no tenés las dos cosas, esto va a ser una payada”, sentenció.