La justicia chilena aceptó ayer una querella presentada por familiares de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet contra los "instigadores" del golpe militar de 1973. La acción legal, patrocinada por los abogados de Derechos Humanos Eduardo Contreras y Alfonso Insunza, solicita investigar el eventual delito de asociación ilícita por parte de quienes conspiraron para propiciar el golpe de Estado que derribó al gobierno de Salvador Allende.

La medida pide que sean citados a declarar algunos de los principales actores políticos de la época. Entre ellos, el ex presidente Patricio Aylwin (1990-1994), que en los días previos al golpe lideraba la Democracia Cristina, una fuerza opositora al socialista Allende. También deberá declarar ante los Tribunales el político Sergio Onofre Jarpa, referente del derechista Partido Nacional (PN) y ministro del Interior de Pinochet en los años '80.

La aceptación de la querella fue dictada por el juez Mario Carroza, de la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a una presentación de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).

Según informaron ambos organismos, los instigadores del golpe dieron paso a una serie de delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura, entre los años 1973 y 1990. En ese lapso, unos 3200 chilenos fueron asesinados por fuerzas de seguridad estatales. Entre ellos, 1192 aún están desaparecidos. Además, según se estableció oficialmente, 33 mil personas fueron torturadas y encarceladas por causas políticas.

En representación de los organismos de Derechos Humanos, el abogado Contreras consideró "un paso importante" la decisión tomada por el juez Carroza y solicitó que la justicia dé curso a varias diligencias planteadas en la querella.

La denuncia contra los referentes de la Democracia Cristiana y el Partido Nacional, presuntos instigadores del golpe de Estado de 1973, tiene raíces históricas. Durante el gobierno de Allende, ambos partidos se unieron en una Coalición por la Democracia (CODE) para enfrentar a la Unidad Popular (UP), el conglomerado de izquierda que respaldaba al presidente socialista.

La dictadura chilena comenzó el 11 de septiembre de 1973. Ese día, el Palacio de La Moneda fue atacado por aviones y tanques. Cercado por los golpistas, el presidente Salvador Allende decidió suicidarse.

Efe

castro y los fascistas chilenos

Mientras diversos organismos de Derechos Humanos trabajan para enjuiciar a los civiles que instigaron el golpe de 1973, un grupo de simpatizantes del fallecido dictador Augusto Pinochet presentó ayer una querella contra el presidente de Cuba, Raúl Castro, a quien acusan de financiar a grupos que combatieron contra el régimen del gobernante de facto en los años '80.

En la presentación, los querellantes piden el arresto y el procesamiento del mandatario cubano, que visitará Chile la próxima semana para participar en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) y la Unión Europea (UE). Además, Castro recibirá la presidencia temporal de la CELAC de manos del presidente chileno, Sebastián Piñera. La acción judicial fue presentada por la denominada “Corporación 11 de septiembre”, cuyo presidente, el ex oficial del Ejército Juan González, consideró paradójicamente al mandatario cubano “uno de los mayores dictadores del mundo”.

“Hacemos lo que los políticos no se atreven a hacer”, sostuvo el pinochetista González. Y agregó: “La historia aclaró que los hermanos Castro financiaron a la ultraizquierda para intentar sacar del gobierno a los militares encabezados por el general Pinochet.”