La previa de los comicios provinciales del próximo 7 de agosto se juega en la tarea proselitista de las diferentes fuerzas políticas, pero también en los estrados judiciales. Los apoderados de la UCR y del Frente Cívico han formulado –cada cual por su lado– varios requerimientos al Tribunal Electoral, respecto a la designación de autoridades de mesa, la fiscalización de los comicios, y el escrutinio, entre otras cuestiones.

El punto que más cuestionamientos concentra es el proceso de designación de unos 1.500 Fiscales Públicos Electorales (Fipe) y de alrededor de 15 mil autoridades de mesa.

Los apoderados radicales Diego Frosasco y Facundo Cortés Olmedo presentaron el pasado un escrito ante el Tribunal, en el que advierten sobre supuestas “irregularidades” en el cumplimiento del Código Electoral. Se quejan de que todavía siga abierto el registro de voluntarios para ser autoridad de mesa, pese a que la norma fija que eso debe estar resuelto 30 días antes del comicio.

Aunque aún no se conoce la respuesta oficial, trascendió que la nómina no se cerró para lograr “una reserva” de recursos humanos por cualquier contingencia que pudiera surgir.

Los radicales sospechan que por esa vía se podrían estar incorporando empleados públicos con vinculación con el oficialismo, a partir listados proporcionados por la Provincia.

Por eso Frosasco demandó que el Tribunal detalle el número de total de Fipe y autoridades de mesa, con identificación y mecanismo por el cual fueron seleccionados; si se trata de afiliados al PJ; y también que se desagregue en qué circuitos hubo que recurrir a esta modalidad porque no alcanzaron los voluntarios que se inscribieron.

Ese último punto explicaría la situación paradójica que atraviesan no pocos docentes: muchos que se anotaron voluntariamente y se capacitaron, luego no fueron citados para presidir mesa; y a la inversa, sí fueron convocados otros que nunca se prepararon para esa tarea.

Según el Tribunal, esa situación se da, por ejemplo, en poblaciones del Gran Córdoba donde no alcanzaron los docentes inscriptos y habrá que enviarlos desde la Capital, mientras que en barrios de la ciudad de Córdoba hubo excedente de anotados y muchos voluntarios fueron desestimados.

A su turno, Cortés Olmedo también señaló que la UCR pidió precisiones sobre los escrutinios provisorios y definitivo. Advirtió que todavía el Tribunal no les informó qué empresa realizará los conteos ni el software que utilizará, dónde se procesarán los datos, ni cómo podrán acceder a tal instancia los fiscales partidarios.

Por el lado del Frente Cívico, la preocupación –ya elevada al Tribunal– apunta a evitar que frente a una hipotética deserción de autoridades de mesa designadas, ocupen ese lugar militantes que se presenten como primer elector.

Según el juecismo, en 2007 eso ocurrió en casi el 40 por ciento de las mesas de votación (especialmente en el interior) y permitió el inesperado protagonismo de punteros políticos.

El apoderado del Frente Cívico, Ernesto Martínez, pidió que se defina con claridad cómo el primer elector debe acreditar que cubre los requisitos para presidir la mesa, esto es, que sea docente o empleado administrativo público o privado.

El juecismo requería para esa instancia la presentación de algún carné o el recibo de sueldo, pero el Tribunal Electoral indicó que era suficiente con una declaración jurada.

Martínez anticipó que su partido vigilará el cumplimiento de esos requisitos en cada mesa y que cuando no ocurra así, hará reservas legales para impugnar luego la votación.