Como ésta, las situaciones se repiten y son muchos los que se quejan por la falta de respuesta a los reclamos edilicios de las escuelas provinciales de General Pueyrredon. Tal es el caso de la primaria 34 de 3 de Febrero 8800, donde en el 2008 se construyó un aula nueva que duró tan sólo tres años porque en febrero se desprendió un pedazo de mampostería del techo que todavía está sin reparar. Como consecuencia de esto, los 24 alumnos de segundo grado tienen clases en la secretaría del establecimiento, en un espacio muy chico en el que la maestra no tiene lugar ni para pararse delante del pizarrón.

En ambos establecimientos, los reclamos ya fueron elevados al Consejo Escolar, organismo encargado de solucionar los problemas edilicios de las escuelas, pero todavía no hay respuestas. “Desde la escuela hicimos todo un estudio y conseguimos empresas que fabrican las calderas especiales que necesitamos, pedimos presupuesto y tiempo que tardan en hacerlas, que es un mes. Elevamos todo al Consejo pero no hay respuesta”, explica el director de la Técnica 3, Osvaldo Abadie. Como él, la directora de la primaria 34, Mariana Casas, presentó el reclamo del techo en febrero, cuando se encontró con el aula llena de agua y parte de la mampostería caída. La respuesta del arquitecto fue que se podía seguir dando clases, pero nadie le asegura que no continúen los desprendimientos. “Yo no puedo dejar que haya chicos dentro del aula, qué hago si les pasa algo”, se pregunta preocupada la directora, quien también aguarda un resultado.

El planteo de estos directores es igual al de muchos otros, y viene de la mano de un reclamo del Suteba que plantea la necesidad de rever la labor de los consejos escolares y de organismos claves como la Dirección de Infraestructura que tienen a su cargo más de 200 edificios escolares que presentan falencias diarias que “se hacen imposibles de solucionar” con la actual estructura.

“Seguimos esperando que nos presenten propuestas alternativas para salir de la emergencia”, dice Zulema Casanova al referirse al tema. Y propone crear nuevos circuitos para lograr una comunicación directa con las escuelas, evitando “la burocratización, con propuestas para convocar a cooperativas y afines para su trabajo de prevención y mantenimiento con foco en la seguridad e higiene”. También solicita que haya “eficacia en el control de obras, con auditorías constantes”, y el compromiso para impulsar una nueva ley de infraestructura escolar y un fondo específico que permita cambios estructurales.

Las demandas no sólo vienen desde los gremios. Las mismas consejeras escolares del Frente para la Victoria, Marta Guerra y Liliana Longhi, hicieron pública esta semana su descontento con el manejo que tienen sus pares de Acción Marplatense. Junto a concejales del FpV dijeron que “no se ha iniciado un relevamiento serio sobre la situación de las escuelas y la tesorera del Consejo todavía no nos respondió sobre cuánto dinero se dispone para hacer las obras”.

Las consejeras fueron más allá y dijeron estar convencidas de que “el Consejo Escolar puede funcionar sólo con planificación y una gestión seria, sin improvisaciones que, finalmente, determinan una situación caótica como la actual”. En este marco, dieron oficialmente el apoyo a un proyecto de ley de financiamiento de infraestructura a nivel provincial que presentará la CTA.