Por medio de una nota, el organismo aseveró que el otorgamiento del beneficio social fue rechazado en varias oportunidades por "supuestos faltantes de documentación", "insuficiente asesoramiento" o porque quien lo solicitaba percibía "subsidios habitacionales" y "pensiones no contributivas otorgadas".

Uno de los inconvenientes que se plantearon en la Defensoría es el rechazo de solicitudes a causa de la percepción, por parte de la familia que pide la Asignación Universal por Hijo, de subsidios habitacionales o de algún programa social. Lo mismo sucede con quienes son beneficiarios de pensiones no contributivas otorgadas a madres de siete hijos o más, y aquellos que perciben una pensión graciable o por vejez.

"Me parece que hay que hacer ajustes al decreto tratando de que todos aquellos a los que la asignación les sirva, que es una idea que yo comparto totalmente, puedan ser incluidos", analiza Cella el defensor adjunto.

Para graficar, el funcionario explica: "Si a una persona le pagan 300 pesos de subsidio están reconociendo que está en una situación de vulnerabilidad, que está desocupado. Esa persona no gana 1500 pesos y sin embargo no puede percibir la Asignación. Entonces, hay una suerte de contradicción y sobre todo una injusticia".

La presentación de la carta dirigida a Aníbal Fernández fue realizada hace diez días hábiles. Unos días antes, el subsecretario de Relaciones con la Sociedad Civil, Edgardo Depetri, había adelantado que se buscará "ampliar" la Asignación Universal por Hijo para beneficiar "a seis millones de niños".