El impacto que ocasionará a la provincia la caída del proyecto minero San Jorge, que iba a explotar la multinacional canadiense Coro Mining en Uspallata, repercutirá negativamente en la imagen de la provincia. Así lo vaticinó el presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, Roberto Zenobi.

“Esta decisión irracional no sólo va afectar a las inversiones mineras. Cualquier inversionista dispara cuando advierte tamaña inseguridad jurídica en una provincia”, planteó el dirigente.

Incluso, sostiene que ahora ante la contundencia de la no aprobación del proyecto “algunos sectores irán por más: habrá quienes ahora quieran bajar el proyecto de Vale”, en alusión a la extracción de potasio en Malargüe.

A falta de declaraciones por parte de los representantes de la empresa canadiense en Mendoza, que decidieron mantener estricto silencio, Zenobi se transformó en la voz cantante en contra de la decisión tomada el miércoles por la Legislatura.

“La política nos consumió. Nos quedamos en medio de una discusión política entre unos resentidos por una paliza electoral y otros que son capaces de entregar hasta la madre para no perder una elección. La especulación política barrió con todo lo que se trabajó durante mucho tiempo para que el proyecto se concretara”, analizó.

Y agregó: “Somos el pato de la boda. En una pulseada política se juntan unos pocos legisladores y tuercen la mano del oficialismo echando por tierra dos años de trabajo. Creemos que le están haciendo una daño a la provincia”.

Los dardos más duros estuvieron dirigidos al candidato oficialista a la gobernación, Francisco Paco Pérez, impulsor del archivo del proyecto: “Tuvo un acto de madurez cuando renunció para dedicarse a la campaña y ahora aparece con esta irracionalidad, debe tener un problema hormonal o no sé...”, criticó Zenobi.

Acciones legales

Respecto de la posibilidad de que la empresa canadiense pueda iniciar una demanda al Estado por la intempestiva caída del proyecto, Zenobi arriesgó que no.

“No creo que sea posible plantear una acción legal porque todo el proceso se ha ajustado a los términos propuestos por la ley 7722 y además existía la posibilidad de que la Legislatura rechazara la DIA (declaración de impacto ambiental). Lo que desconcierta es la forma. Quien se supone que nos tenía que defender, se puso de rodillas”.

Una de las posibilidades que podría tener la empresa es intentar replantear el proyecto de manera que la extracción del material se haga en Uspallata pero el proceso para separar el mineral se realice en San Juan, considerando que la mina está ubicada en el límite entre Mendoza y San Juan.

Zenobi consideró poco probable que esto ocurra porque llevaría dos o tres años replantear el proyecto, mientras que si la empresa decide comenzar de cero el proyecto en otra provincia –San Juan o Neuquén–, en cuatro o cinco meses puede tener el proyecto aprobado, diferenció.

Oikos, crítica

Por su parte, parada desde la vereda de enfrente, la red ambientalista Oikos liderada por Eduardo Sosa también criticó la decisión legislativa, aun cuando está en contra del proyecto San Jorge. “Esto tuvo un final desastroso. Habría sido mejor que el proyecto nunca hubiera sido aprobado”, analizó el dirigente.

“No creo que haya sido la gente la que llevó al candidato oficialista a tomar la decisión de bajar el proyecto, creo que fue el contexto electoral lo que llevó a tomar esta decisión. Se dejaron llevar por las estadísticas porque los números están a su favor”, clarificó Sosa.

Silencio de la empresa

A través de su vocero, Mendoza San Jorge, subsidiaria de la multinacional canadiense Coro Mining, expresó que “no se ha va realizar ningún tipo de declaración hasta tanto no se tome una decisión respecto a las próximas acciones a seguir”.