Fueron quebrantadores del estado de bienestar social, lo destruyeron, para ello liquidaron la organización publica de servicio estatal, entregada a negocios privados, acogiendo la corrupción para enriquecerse, para tal fin utilizaron al poder legislativo, que abalo la ruptura del estado de prosperidad social.
Estos quebrantadores del estado de bienestar social, hoy buscan el respaldo de los salteños para seguir teniendo poder, expresado en fueros, evitando como hoy causas judiciales, que adormecen en los estrados salteños. Con jueces adictos a estos. Que le deben en la mayoría el cargo que arrogan.
Para asegurarse no ser encausados en la justicias, nombraron a jueces de Corte, que fueron funcionarios en sus gobiernos, lo que hoy les garantiza no tener fallos que los condenen. Como es el caso del también impresentable Gustavo Ferraris, quien ordenara como funcionario de Romero, reprimir a docentes que pedían mejoras salariales.
Instauraron en el país el descalificativo de excedentes, obligaron a empleados públicos a optar por el retiro voluntario, tal como hiciera en la dictadura chilena el asesino de Augusto Pinochet. En Salta dejaron en la calle a miles de trabajadores estatales. Rompiendo la movilidad social de estas familias, sus aspiraciones, anhelos. Muchos de esos trabajadores se suicidaron, como Claro Bonifacio quien se desempeño en la ex Dirección de Arquitectura, y que se ahorco en su casa el 10 de febrero de 1999.
Son lo que amordazaron la libertad de prensa en Salta, persiguiendo y propiciando procesos judiciales contra periodistas críticos e independientes, realizando causas por calumnias e injurias como incitación a la violencia. Instruyeron a centenares de colegas cooptados por la pauta oficial a narrar los beneficios de la teoría económica del derrame.
Las comunidades originarias, también sufrieron del poder de estos impresentables quebrantadores, dividiéndolos, negándoles derechos adquiridos, como el respeto a sus determinaciones libres y soberanas, como el derecho a la organización comunitaria de sus tierras, violando la Constitución nacional y provincial, como tratados internacionales, que resguardan los derechos de los pueblos originarios.
Es imprescindible que los ciudadanos salteños tengamos memoria, para no repetir historias de fracasos, violencia y corrupción, es una responsabilidad de todos resguardar el bien común, la movilidad social ascendente, el respeto a la diversidad de las opiniones, a los derechos adquiridos, que garanticen a las futuras generaciones vivir en un estado pleno, con poderes independientes reales, en una democracia directa y participativa. Para ello, es imprescindible el rechazo a las políticas liberales, retrogradas y de exclusión, que representan los senadores Juan Carlos Romero y Sonia Escudero. Y que estos, concurran como todo ciudadano a los estrados judiciales, a dar explicaciones sobre las denuncias de corrupción, y violaciones a los derechos humanos en democracia que pesan sobre ellos.




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