RP.- ¿Cuáles son los argumentos de la FEBA para pedir la adhesión del blanqueo y además un plan de pago para los agentes de retención?

Las provincias tienen que adherir a la ley nacional de blanqueo para que el sector de los institutos provinciales sigan el mismo camino de lo nacional. Si no, uno blanquea en lo nacional y queda engrampado en lo provincial. La gobernadora presentó en Buenos Aires el proyecto de adhesión pero al mismo tiempo, presentó otro proyecto de moratoria y regularización de los agentes de retención.

Arba está autorizada por la legislatura a sacar moratorias para los contribuyentes en general -de hecho hay una moratoria vigente- pero no para los agentes de retención. El agente de retención no es un contribuyente directo sino indirecto; está reteniendo fondos de terceros que le tiene que pagar al estado. Cuando no lo hace, hay una situación del tipo penal. Solamente una ley provincial puede autorizar a Arba para que saque una moratoria, o mejor dicho, puede sacar una moratoria por ley. 

El segundo proyecto se eleva a la Legislatura para que salga la moratoria y eso es lo que la legislatura no aprobó. La media sanción se la dio al primer proyecto -de adhesión al blanqueo- y no al de moratoria. Lo que estamos pidiendo ahora en diputados es que apruebe los dos, porque es importante hacer borrón y cuenta nueva para los agentes de retención y que puedan recomponer.

Ellos son contribuyentes obligados por el estado a retener, y si han tenido un problema financiero que no les permitió abonar lo que tenían que abonar, que se les dé la oportunidad -por única vez- para ponerse al día, solucionar el problema y poder seguir cumpliendo con la obligación que el estado le ha asignado de agente de retención.

RP.- ¿Qué consecuencias traería para las PyMES y empresas que no se retire la moratoria?

Bueno, si no está la posibilidad de que regularicen su situación con el fisco, pueden tener una causa penal. Generaría un problema no solucionable para ese sector. Si no cumplió con lo anterior va a seguir teniendo ese problema a futuro, y siempre seguirá siendo un contribuyente obligado por el estado. 

El estado está obligando a que sea cobrador de los impuestos ante sus proveedores, por ejemplo, u otras agencias. La consecuencia es esa, muchas empresas van a estar pasibles de ser ejecutadas por ese tema.

RP.- ¿Por qué cree que la gobernadora ha propuesto otro proyecto en dirección contraria? 

Nosotros confiamos en que se apruebe nuestro proyecto en diputados. No sabemos cuáles son los motivos, si es porque pueda derivar en algo penal o si hay una cuestión de tipo político -que muchas veces surgen en estas circunstancias- y son pasibles para negociar otras cuestiones.

No sabemos cuál es el problema, pero estamos convencidos que lo conveniente es que este proyecto sea aprobado, por eso le hemos enviado notas al licenciado Sarghini, presidente de la cámara de diputados,  y a cada uno de los presidentes de bloque para que este proyecto se incorpore como ley junto con el plan de adhesión al blanqueo y la moratoria.

RP.- ¿Cuál es la posición de la FEBA respecto de los aumentos en los servicios?

Estamos en un momento donde hay que aportar soluciones, porque ya el problema existe. En general se ha aceptado que una modificación tarifaria era necesaria e indispensable. En lo que estamos todos de acuerdo -incluso el gobierno- es en que habría que haberlo hecho gradual desde un comienzo. Los recursos de amparo han llevado a que se replantee esto y el gobierno se comprometa a una gradualidad, de aquí al año 2019.

Estamos en una crisis energética, no hay ninguna duda, y esto es una consecuencia. Tenemos que tratar de que el impacto sea el menor posible; creo que se ha atenuado a lo que era en un primer momento.

Se está pidiendo a la justicia porque la Corte dejó fuera el componente de la industria de los beneficios de la retroactividad, pedimos que sea reconocido e incorporado, porque para la industria y el comercio tener que pagar el aumento desde el mes de marzo es un muy fuerte impacto. Eso es lo que quedaría pendiente.