La causa penal, abierta en septiembre de 2007, estaba parcialmente paralizada por esa situación, ya que debido a una serie de renuncias de otros peritos, la magistrada debió nombrar a dos domiciliados en la ciudad porteña. A uno el STJ le había reconocido los gastos del traslado, pero al otro no.

Ello, que fue informado días atrás por este diario, varió. Si bien el Superior Tribunal se negó a abonarle al perito el combustible para que viaje en su vehículo particular, autorizó el envío de un automóvil del Poder Judicial para que lo traiga a Santa Rosa, según confirmaron fuentes confiables. Con esta resolución, el ritmo de la investigación quedaría normalizado.

Maza, a cargo del Juzgado de Instrucción 7, le dio un impulso al expediente el año pasado, cuando designó a ocho geólogos, ingenieros y contadores y los dividió en dos grupos. A uno le ordenó investigar si se hicieron o no pruebas hidráulicas en ciertos tramos de la traza; y a otro si la empresa constructora de Victorio Américo Gualtieri hizo figurar movimientos de suelos pedregosos cuando se trataba de suelos arenosos para cobrar más plata.

En este interín hubo profesionales que renunciaron -uno porque llegó a estar afectado a ambos peritajes- y ante la falta de reemplazantes en Santa Rosa, el juzgado se vio obligado a buscarlos en Pico. Pero además le impuso a cada grupo una condición: que trabaje en conjunto. Ello obliga a los peritos a coordinar horarios entre sí, por fuera de sus horarios particulares, y a acoplarlos con los que tiene el Superior Tribunal de Justicia para poder revisar otro expediente de 15.000 fojas.

En ese expediente, que contiene toda la documentación legal y técnica del acueducto, el STJ tiene que resolver si el gobierno tuvo fundamentos para rescindirle el contrato a Gualtieri o si a la constructora le corresponde una indemnización. Todas esas miles de fojas están guardadas en una habitación exclusiva.

En el fondo, Maza apunta a saber si el gobierno marinista pagó sobreprecios. La megaobra fue adjudicada a Gualtieri a fines de 1998 en 136 millones de pesos-dólares -una oferta llamativamente mucha más baja que el presupuesto oficial-, pero a los dos años se le rescindió el contrato por incumplimientos reiterados. Luego fue completada por la unión transitoria de empresas conformada por Skanska y Techint.

Dos en una.

La jueza terminó fusionando dos denuncias en una sola causa. Una fue promovida por ex diputados del FRAP -especialmente Mario Cayre- porque supuestamente no hubo pruebas hidráulicas en al menos 80 kilómetros de la red y, sin embargo, la empresa cobró el 100 por ciento de las certificaciones por 40 millones de pesos-dólares. Y en la otra se detalla que se habrían hecho figurar en tramos de piedra que el suelo era arenoso y en tramos de arena que el suelo era pedregoso, pese a que en la mayor parte de los 500 kilómetros del trazado troncal y las redes secundarias el suelo es arenoso.

Incluso los legisladores opositores plantearon específicamente tres puntos: el pago de certificados de obra a favor de Gualtieri por fuera de las condiciones fijadas en el pliego licitatorio, la modificación del pliego a favor de Gualtieri, a través de los porcentajes de pago de las pruebas hidráulicas, y el decreto 10/05 que firmó el ex gobernador Carlos Verna, adjudicándole la continuidad de la obra Skanska-Techint, ya que a través de él se aumentaron pagos por 50 millones de pesos, sin que hubiera obras adicionales, y además se eximió a las empresas de una serie de multas que debieron pagar por no haber terminado de construir el acueducto a fines de 2004.