La inseguridad es un drama bien complejo que por supuesto involucra a los jueces. Y es cierto que algunos de ellos, con ligereza, dejan en libertad a criminales que de inmediato vuelven a robar y matar. Aún así, es obvio que la responsabilidad primaria le cabe al Gobierno. En la prevención y la represión del delito. Y también en promover eventuales cambios que cierren agujeros legales. Tanto es así, que hasta los municipios, como pueden, toman medidas preventivas (ver Anuncian una batería de medidas contra las salideras).

Además, el Gobierno tiene un instrumento a mano para definir y coordinar acciones con las provincias que no usa: el Consejo Nacional de Seguridad Interior. Lo integran los responsables del área de todo el país ¿Por qué no lo convoca? Quizá porque prefiere que otros se ocupen del problema y así asuman los costos.

Algo parecido pasó el miércoles. Los Kirchner salieron a hablar de la inseguridad movidos por el horror de la muerte de Isidro, atacado por motochorros en una salidera antes de nacer. Ese día, una comisión de Diputados trató justamente un proyecto sobre salideras. Y faltaron nada menos que quienes deberán aplicarlo: la titular y dos gerentes del Central. La sospecha es que les ordenaron no ir porque la comisión está presidida por Prat Gay, un legislador de Elisa Carrió.

La presión social obligó a los Kirchner a decir algo. Pueden cargar culpas sobre otros. Pero de tan fuerte que es, ya no hay forma de gambetear la responsabilidad que tienen.