En ese diálogo tenso aunque  sin estridencias auditivas,  las diferencias de fondo entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner quedaron intactas.

Ni siquiera las citas a Perón y Evita o a Néstor y la mismísima Cristina pudieron tapar los profundos matices que hoy dividen aguas entre ambos respecto de qué pasará con la inflación. Ayer ninguno de los integrantes del máximo nivel político del Gobierno se refirieron a cómo frenarán la suba de precios que, cuando se conozca el dato oficial de mayo habrá alcanzado casi el 30% en sólo 5 meses. Falta mucho para cerrar un año caliente.

Las principales disputas y distancias siguen girando en torno al mismo metro cuadrado y la política energética tiene juego protagónico. Aún se debate internamente el impacto del aumento en las tarifas de la luz y del gas, que ya rigen desde este mes y golpean en los bolsillos entre 17% y hasta 25%. De ese golpe dependerá el mayor o menor ritmo que se le imprimirá a las medidas cautelares que un sector del propio Gobierno, vinculado a la vicepresidenta, ya agita para frenar las subas o generarle un costo político superior al que ya está pagando al ministro de Economía, el empoderado Martín Guzmán.

Esta semana, el alfil de Guzmán en Comercio, el flamante secretario Guillermo Hang, debutó en reuniones con supermercadistas de ASU, alimenticias de Copal y las pymes de CAME para tratar de desinflar las expectativas  inflacionarias. Lo más concreto que surgió, al menos hasta ahora, de esas reuniones es extender (otra vez) Precios Cuidados.

Ayer el Presidente mencionó las oportunidades de que la Argentina venda alimentos y energía al mundo, dos muletillas que viene repitiendo hace tiempo, al menos desde que estalló la guerra en Europa. Dos oportunidades reales de exportación y generación de divisas que podrían estar a máxima potencia hoy si el país hubiera ejecutado la infraestrctura que aún no posee y que quedó atrapada en los vericuetos de las internas políticas y los distintos enfoques económicos. Por ejemplo, el cepo (que ahuyenta inversiones privadas de 2011) y la falta de un gasoducto que recién ayer, minutos antes del acto en Tecnópolis, pudo publicarse en el Boletín Oficial. Hacía un año y medio que estaba dando vueltas de despacho en despacho pidiéndole pista a alguna firma oficial. Los diferentes criterios energéticos dentro del gabinete nacional lo trabaron hasta la celebración de los 100 años de YPF.

Justo ayer, tras una semana de controversias y a pocos minutos del acto de celebración del centenario de la fundación de YPF, el Gobierno  publicó el llamado a licitación pública para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, una obra clave para el abastecimiento energético del país que transportará la producción del yacimiento Vaca Muerta.

El ducto tendrá una extensión de 563 kilómetros. El proyecto también incluye obras complementarias como el gasoducto Mercedes-Cardales. En pleno funcionamiento permitirá ampliar en un 25% la capacidad del sistema de transporte de gas.

La obra está a cargo de una unidad operativa especial que lidera Enarsa. Al inicio de esa unidad operativa estaba  hasta esta semana Antonio Pronsato, quien renunció por las demoras en el lanzamiento de la obra.  Fue reemplazado por Agustín Geréz.