La medida impulsada desde el Partido Justicialista, se fundamenta "en la gran preocupación por la creciente práctica de menores y adolescentes que utilizan este tipo de productos como inhalantes, en reemplazo de otros de mayor costo".

Entre los considerando del Proyecto, que ahora espera por la reglamentación y promulgación desde el Departamento Ejecutivo, los ediles justicialistas destacaron que "investigaciones médico-científicas advierten que la edad de quienes lo utilizan como inhalante, es un dato sumamente importante, ya que el organismo de los menores es aún inmaduro y al ingresar esta sustancia a través de las vías respiratorias, pasa por los pulmones e ingresa directamente al cerebro produciendo graves efectos colaterales".

Además de reparar en varios de los daños a la salud de los menores que la inhalación de combustibles produce, destacaron que "trae consecuencias en el comportamiento social, ya que al producir su ingesta provoca alteraciones en la capacidad de juicio, actitudes agresivas y muchas veces delictivas".

Ante esto, reconocen que es el Estado quien "debe prevenir toda situación que ponga en riesgo la salud y seguridad de los menores".

En el articulado de la Ordenanza, se explica que por el incumpliendo de la norma "se sancionará con multa a los propietarios de estaciones de servicio, que se graduará desde 500 UC hasta 5000 UC, pudiéndose disponer la clausura o inhabilitación de los comercios en infracción, en caso de reincidencia".

Cabe destacar que en el Artículo 3° queda explícito que todos los fondos obtenidos en conceptos de multas por violación a esta ordenanza serán destinados a la Secretaría de Gobierno y Acción Social, "para la implementación de planes y programas de difusión y prevención de la drogadicción y ayuda en adicciones".

La fecha de entrada en vigencia de la normativa no fue puntualizada aún, pero se estima que se establecerá una vez que la ordenanza llegue al Departamento Ejecutivo para su promulgación.