La discusión política por la renegociación de 37 áreas petroleras en Mendoza promete convertirse en una batalla entre poderes. Mientras desde el Ejecutivo ratifican que tiene autoridad legal para avanzar sin la necesidad de pasar por la Legislatura, desde la Casa de las Leyes la oposición insiste en meter un bocadillo.

El radicalismo ya marcó su postura y sin más vueltas pidió al Gobernador Celso Jaque que todo acuerdo alcanzado con las compañías petroleras sea ad referéndum del Poder Legislativo, como una forma de "alcanzar los consensos políticos" de largo plazo.

"La renegociación de los contratos significa muchos recursos (plata) a futuro y alcanza a administraciones seguramente de distinto signo partidario. Entonces, es necesario el consenso político a los efectos de acordar una sola política petrolera y de largo plazo en la provincia", advirtió César Biffi, presidente de la UCR.

Tras la arremetida del radicalismo, ahora es el partido Demócrata quien se lanza al ruedo. El jefe del bloque de senadores gansos, Carlos Aguinaga, ingresará mañana un proyecto de ley que "no ataca" el decreto Nº 1.5477/10 firmado por Jaque, pero tiene la firme intención de marcarle la cancha estableciendo parámetros mínimos que se deberán tener en cuenta al momento de las negociaciones.

"No vamos en contra del decreto pero le estamos agregando disposición que precisamente carece el decreto que firmó el gobernador", indicó Aguinaga.

Según entiende el senador, es preciso "elaborar un sistema más transparente en la negociación para evitar que todo quede al arbitrio y la discrecionalidad del Poder Ejecutivo", añadió.

Mediante un decreto, el Gobierno abrió la discusión para renegociar la concesión de 37 áreas petroleras que actualmente están en producción.

La disposición establece que antes del 20 de agosto las empresas cuyas concesiones vencen entre 2015 y 2018 deberán manifestar su interés por obtener una prórroga de diez años más a cambio de discutir ofertas sobre inversiones, pago de más regalías, generación de empleo y adelantos de fondos.

Traducido en números, se estima que el Estado podría obtener unos 500 millones de dólares que deberán pagar las empresas que acuerden prorrogar sus concesiones. Esto significa un ingreso único y excepcional de 2.000 millones de pesos; o, dicho de otra manera, la cuarta parte del presupuesto provincial.

En este contexto los demócratas consideran que las pautas fijadas por el decreto de Jaque son exiguas. "Las bases para la negociación son muy bajas. Se habla de un monto mínimo de 500 millones de dólares pero no dicen (desde el Gobierno) cómo determinar ese monto. Con la ley aportamos pautas claras y elementos técnicos para llegar a esos índices", explicó el senador Aguinaga. Además buscan evitar que el destino de los fondos "sea para gastos corrientes" entre otros aspectos.

Como los tiempos se agotan (el viernes vence el plazo que otorgó el Gobierno a las empresas interesadas en la prórroga), desde el PD están interesados en el apoyo del bloque radical para acelerar el tratamiento legislativo. "Seguro vamos a buscar tener la aprobación del radicalismo", señaló el legislador ganso.

Desde la Subsecretaría de Hidrocarburos optaron por mantener el silencio pero está más que claro que la estrategia es avanzar sin pedir permiso. Fuentes del Gobierno dejaron trascender que, a más tardar en 6 meses, pretenden tener cerrado el acuerdo.

En este contexto, Biffi aseguró que si Jaque insiste en dejar afuera la Legislatura, acudirán a Fiscalía de Estado y la Asesoría de Gobierno para que dictaminen si es atribución exclusiva del Ejecutivo o no, renegociar los contratos.

En tanto, el discurso oficial es: "La ley está de nuestro lado". El sustento legal es el artículo 12 de la ley 7.526 que establece "claramente" como atributo del Ejecutivo, la facultad de "prorrogar hasta 10 años" la concesión de áreas petroleras "en las condiciones que se establezcan".