A fines de 2007, el gobierno de Catamarca realizó una dura presentación ante la Corte de Justicia de la Nación en la que acusó al gobierno de Salta de otorgar concesiones mineras en territorio catamarqueño, en una franja de 8 a 10 kilómetros, por debajo del límite que aparece demarcado en los mapas.
La cautelar que acompañó a esa presentación fue desestimada, pero el máximo tribunal del país se declaró competente para tratar la controversia y aún se espera un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo. Esta será la tercera vez que la Corte Suprema se pronuncie sobre la antigua disputa limítrofe, ya que lo hizo en dos oportunidades anteriores ante pujas mineras que se presentaron en 1985 por las posesiones de Diablillos y en 1987 por el Salar del Hombre Muerto. En ambos casos, los fallos favorecieron a Salta en vista de los antecedentes de posesión efectiva en la zona. No obstante estos antecedentes judiciales, el gobierno de Catamarca insiste en que la precaria línea fronteriza establecida por decretos de facto, hace más de medio siglo, está hoy legal y claramente definida. Desde Salta, en tanto, se considera que esa línea transitoria está desplazada unos 10 kilómetros hacia el norte y espera por una definitiva delimitación en el Congreso. Así, en 2007 el viejo e irresuelto conflicto limítrofe recrudeció tras una resolución del juez salteño Daniel Marchetti, quien concesionó la mina Cerro Bayo a la compañía Silver Standar. A su vez, el juez catamarqueño Raúl Cerda había cedido la mina en cuestión a la empresa Minera Aguas Blancas. Para Catamarca, el citado yacimiento del Salar del Hombre Muerto está en el departamento Antofagasta de la Sierra. Para Salta, está dentro del departamento Los Andes. En la presentación realizada a fines de ese año a la Corte Suprema, el fiscal de Estado catamarqueño, Simón Hernández, denunció que “Salta, sin fundamento legal, avanzó sobre el territorio catamarqueño, disponiendo de recursos naturales como si fueran propios”. Ante esta demanda, el gobierno salteño optó por esperar en silencio un pronunciamiento judicial. Mientras tanto, la gestión de Brizuela del Moral avanzó con la instalación de destacamentos policiales. Estos fueron retirados luego de que este diario diera cuenta -el 6 de mayo de 2008-de los avances denunciados por el diputado de Los Andes, Leopoldo Salva, en Diablillos. Poco después, varias áreas salteñas fueron señalizadas como catamarqueñas, lo que tensó la puja.
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