Giacomino todavía no le aceptó la renuncia al primero, ni decidió qué será de Luque, erosionado en su autoridad.
El culebrón que involucra a dos funcionarios municipales de Córdoba puso a sus pares del gabinete a tomar parte por uno u otro, menos al propio intendente Daniel Giacomino, quien por ahora prefirió mantener en funciones a los dos involucrados.
La referencia es para el director general de Fiscalización y Control, Javier Pueyrredón (el pasado lunes presentó su renuncia, pero todavía no le fue aceptada) y para el secretario de Gobierno, Guillermo Luque, quien desautorizó una movida iniciada por Pueyrredón con inspectores de Espectáculos Públicos, lo que a la postre motivó la dimisión de este último.
Ayer Luque y Pueyrredón se siguieron diciendo de todo a través de los medios, lo que contrastó con el mutismo del intendente, que viajó a Buenos Aires. "Por ahora Giacomino no va a decidir nada. Está analizando la situación. No creo que haya novedades hasta el jueves", dijo un colaborador del intendente.
Pueyrredón fue hasta ahora una de las caras visibles de la gestión en el control de la noche. Pero el lunes dio un portazo al comprobar que sus superiores –entre ellos Luque– dieron marcha atrás con el traslado a otras dependencias que él había dispuesto para 15 inspectores afectados a la noche. "Me dejaron pagando", se quejó el renunciante, quien para el traslado invocó razones de servicio, pero luego precisó que cinco de los agentes tenían antecedentes penales.
"Si había corrupción, los debía sumariar, no trasladarlos", le recriminó Luque. Este funcionario quedó descolocado, porque Giacomino no prescindió de un subordinado suyo que no para de criticarlo en público.
Ayer había especulaciones de todo tipo sobre el desenlace de la pelea, pero la coincidencia generalizada es que resulta imposible la convivencia de ambos funcionarios y que, cualquiera sea la decisión de Giacomino, le generará costos políticos.
A todo esto, Gabriel Muñoz, delegado de Espectáculos Públicos, negó que cinco de sus compañeros tengan causas penales. Admitió que los imputaron en 2002, cuando estaban en el área Transporte, pero dijo que esas causas están prescriptas.

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