La situación fue planteada en medio de la sesión de ayer en la Cámara de Diputados, y resultó lo más interesante de la jornada, ante la realidad de que el orden del día sólo contemplaba el tratamiento de dos proyectos.

En la oportunidad varios legisladores no estuvieron presentes, por encontrarse cumpliendo tareas atinentes a su cargo fuera de la ciudad. Ni siquiera estuvo el presidente de la Cámara, Luis Alberto Campo, quien se encontraba en la zona de Chacharramendi, por lo que la sesión fue presidida por Juan Ramón Garay (PJ).

Ayer la Legislatura hizo ley el convenio suscripto entre la provincia de La Pampa y la Dirección Nacional de Vialidad, referido a la transferencia al organismo nacional de la ruta provincial 106 entre la ruta nacional 152 y Gobernador Duval. Por otra parte, en forma unánime, los diputados resolvieron dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que, a través de los canales institucionales pertinentes, lleve a cabo acciones tendientes a lograr la reactivación de la planta frigorífica de la localidad de Loventuel, dando prioridad a productores de la región.

Con Malut

Una comisión integrada por diputados de distintos bloques, recibió a los integrantes del Movimiento de Apoyo en la Lucha por la Tierra (MALUT), que habían permanecido en las gradas observando la sesión.

Walter Muiño, en representación de los puesteros del oeste provincial, leyó a los legisladores un petitorio en el que denunciaron "las injusticias vividas por las familias de la zona de La Humada, sección 23, fracción D, lote 2, que viven y trabajan la tierra hace 28 años; familias de la zona de Chos Malal, sección 23, fracción D, lote 21, que habitan esas tierras hace más de 100 años, que son tierras fiscales y están siendo alambradas por terceros sin contemplar los derechos de la población local. También se hizo conocer la situación de la familia de Giriberto Cabral, de la comunidad Epumer, que ha sufrido la usurpación de sus tierras por terceros que aducen ser los dueños. Todo esto hizo que se produjera un marco de tensión entre usurpadores y poseedores, "que puede conducir a un enfrentamiento directo, que de hecho ya lo hubo", explicaron.

Los pobladores visitantes informaron que las familias que residen desde hace más de 30 años en sección 19, fracción A, lote 12 de la zona Paso Maroma que han realizado en forma conjunta y sistemática los trámites de regularización de tierras bajo la operatoria PROAS, aún no han tenido respuesta por parte del Estado provincial. En el caso del poblador Joaquín Serra, se indicó que si bien tiene su inscripción como poseedor y también la mensura correspondiente, aún no puede acceder a la escrituración y titularización de su tierra quedando marginado del cobro de las servidumbres de la explotación petrolera amparado por la ley provincial 2529.

Los puesteros exigieron "una urgente y definitiva solución a los diversos casos y situaciones problemáticas en relación a la titularización de tierras en el oeste de La Pampa". Exigen el cumplimiento de las leyes provinciales y nacionales vigentes, y que se tengan en cuenta tratados internacionales.

Pidieron a los Estados, nacional y provincial que el tema de la tenencia de la tierra, por parte de campesinos e indígenas, sea considerado una cuestión de Estado, para resolver la vulnerabilidad jurídica en un acto de soberanía popular, fundando en que se preserve la tierra para quien la ha trabajado históricamente.