Si bien mandos inferiores de ese Poder pretendían que las exposiciones fueran cerradas, los legisladores integrantes de la comisión resolvieron que no había ningún inconveniente que la prensa - o cualquier vecino - pudiera escuchar a los postulantes.

Esto de realizar algunas reuniones, que en otros tiempos fueron cerradas o de exclusivo ingreso de asesores, con libre acceso, debe ser necesariamente valorado en su justa dimensión.

Además de la selección del defensor del Pueblo, en el ámbito del Poder Legislativo, antes utilizaron esta sana metodología de realizar las reuniones a puertas abiertas, en el Poder Ejecutivo

La semana pasada por ejemplo quedó integrado el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro con la designación de los doctores Enrique Mansilla y Sergio Barotto, vocales propuestos por el gobernador Alberto Weretilneck y surgidos de una votación mayoritaria en el Consejo de la Magistratura.

Lo resuelto por el Consejo, de hacer la reunión pública, no pasó inadvertido entre distintos actores que calificaron la medida como una actitud que merece especial mención, frente a la tentación que invade muchas veces al poder gobernante de cerrar acuerdos entre cuatro paredes o la práctica de sesiones cerradas.

Igual criterio existió –quizás por presiones de los gremios- en la primera reunión de la COTEP, que también contó con presencia de la prensa y representantes gremiales.

Los actos del Ejecutivo, como el Parlamento y más aún el Poder Judicial (que pareciera un ámbito sacro) debieran ser participativos e invitar a asistir a la ciudadanía.

Es importante la transparencia de los organismos gubernamentales que además deben trasladar al dominio público la información acerca de sus decisiones. Por eso estas actitudes deben ser aplaudidas y marcan una notable diferencia con el manejo que se ha realizado con respecto al ocultamiento de decretos gubernamentales.

La transparencia y la información constituyen derechos centrales para el ejercicio y consolidación de una democracia basada en la ciudadanía.

Se debe propender a fortalecer la relación entre Estado y sociedad a través de una gestión pública abierta a las opiniones y presiones de la ciudadanía respecto a las políticas públicas.