El día después de que se firmaran los dictámenes en ambas cámaras del Congreso, el ministro de Economía, Amado Boudou, se quejó de la "irresponsabilidad" de quienes impulsaron la iniciativa para elevar el haber mínimo al 82% móvil del salario mínimo, y la recomposición de lo que percibe el resto de los pasivos. Desde la visión oficial, la idea "demencial" -según Aníbal Fernández- haría quebrar al sistema. Pero la oposición insiste.

En medio del debate público, lanacion.com consultó a diferentes economistas si existen los recursos para llevar adelante la propuesta o de dónde podrían obtenerse.

Las respuestas, en general poco optimistas, incluyeron la necesidad de una revisión del presupuesto y la reestructuración del gasto público; o una reforma impositiva, poco aplicable por parte del Gobierno, con una restitución de aportes patronales, cuestionados por los que creen que nuevas cargas engrosarían la informalidad. Algunos de los consultados advirtieron acerca de las serias consecuencias que podría traer el compromiso al sistema, actualmente desbalanceado.

Claudio Lozano, diputado nacional de Proyecto Sur, explicó de dónde saldrían los recursos para realizar la propuesta que apoyan los distintos bloques no oficialistas. "Las fuentes de financiamiento se presentan en nuestro dictamen: por un lado, vendría de la utilización del superávit financiero de la Anses en 2010, en torno de los $ 8200 millones, luego de haber pagado la asignación universal por hijo, con lo cual no hay una contradicción". En segundo lugar, añadió, se plantea "la necesidad de restituir las contribuciones patronales a grandes empresas a los niveles de 1993, cuando Domingo Cavallo las redujo; de allí vendrían cerca de $ 17.000 millones".

"En suma -concluyó- tendríamos $ 25.200 millones, que equivale al costo neto de recomponer los haberes y garantizar que el mínimo se ubique en el 82% móvil del salario mínimo". El diputado afirmó que debe darse un debate generalizado sobre el futuro del sistema previsional, pero enfatizó que "la Anses debe orientarse a resolver problemas previsionales y no a sostener política estratégica oficial".

"Por otra parte, la recaudación está por encima de los $ 30.000 millones, lo que significa que hay un excedente respecto de lo previsto, y eso permite afrontar otros gastos", fundamentó. Y concluyó: "No se trata de un problema de recursos sino de decisión".

Desde la otra vereda. El presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Nadin Argañaraz, fue terminante: "No lo veo posible en un análisis parcial como el que se plantea. Habría que estudiar las posibilidades y los efectos de lo que se deje de hacer para financiar el incremento, porque si se financia con emisión monetaria tendrá un efecto adverso, disminuyendo las jubilaciones reales", dijo a este medio.

El economista evaluó que el fondo de sustentabilidad, de unos 150.000 millones de pesos, debe reservarse para el pago de jubilaciones futuras. "En este punto, podría discutirse cómo se ha invertido, ya que, por ejemplo, hay un 60% en títulos del Estado", indicó. Según su estimación, el costo mínimo de la aplicación del 82% móvil del salario mínimo en los haberes ronda los $ 20.000 millones al año, cifra a la que se sumaría la actualización de haberes de acuerdo con el Caso Badaro. "Es un número significativo en términos relativos. Por ejemplo, un equivalente a toda la inversión destinada a obra publica en el presupuesto", comparó.

La fuente genuina para el aumento a jubilados, dijo Argañaraz, "debería ser el ataque a la evasión, dada la alta informalidad del trabajo en el país". Hoy, unos 7 millones de trabajadores no realizan aportes.

"No hay dudas de que los jubilados lo necesitan, pero no hay que generar expectativas que no puedan cumplirse. Por eso hay que ver qué gastos son flexibles, pero entre ellos, recortar obra pública tampoco es lo ideal". Otra posibilidad sería crear nuevos impuestos o aumentar las contribuciones patronales. "Pero eso sería continuar el círculo vicioso: más evasión generaría más perjuicio a la seguridad social", continuó.

Además, Argañaraz señaló que el superávit de la Anses podría devenir en un déficit si se resolviera en la Corte Suprema suspender la detracción del 15% de la coparticipación federal de impuestos que realiza el Gobierno de los recursos provinciales, y destina a financiar la seguridad social.

Consultada por lanacion.com Marina Dal Poggetto, del Estudio Bein, consideró que "aunque sería deseable, no es posible aplicar el 82% móvil y subas en el resto de los haberes".

"Me parece peligroso que se no se esté pensando que eso se monta sobre un nivel de gasto que viene creciendo por encima del 30%", advirtió. "Con crédito la situación podría ser otra, pero hoy no es así, por eso el Gobierno se financia con cajas alternativas, como el Banco Central. Creo que desde el Congreso se está corriendo por izquierda al Gobierno, con una medida popular que hoy no es financiable y compromete el dinamismo fiscal para los próximos dos años", indicó. La posibilidad, en todo caso, depende de una revisión del presupuesto, "y ver por dónde se recorta", dijo Dal Poggetto.

Las jubilaciones mayores a $1000 subieron 110%, muy por debajo de la suba de las otras (que el Gobierno estima más de 238%) en la gestión kirchnerista. La nómina se agrandó en más de 2 millones, lo que hizo que un 75% cobre la mínima. "El 82% móvil para los haberes más bajos se planteaba como ideal cuando se planteó el sistema. Pero hoy se ve que el cambio de un sistema contributivo a solidario, no fue lo más eficiente, ya que no se autofinancia. La relación es de 1,5 activo por pasivo, que descontando a los monotributistas da una relación de casi 1 a 1", explicó la economista que marcó en este punto "un problema a futuro".

"Los proyectos requieren, para aumentar a los que cobran la mínima, 18 millones de pesos; para actualizar los haberes de acuerdo con el caso Badaro, otros 15.000 millones. En total, serían cerca de 33.000 millones, lo que elevaría 10 puntos del gasto en el Presupuesto. No está clara la financiación", analizó.

La suba del gasto, alertó Dal Poggetto, podría acelerarse por la atadura del haber mínimo al salario mínimo y su movilidad: "Con una suba del 20% en el salario mínimo, los $ 18.000 millones se pueden convertir rápidamente en $ 27.000 millones. Así, se estaría indexando fuertemente el gasto". Y la Anses no estaría preparada para afrontarlo.

Tampoco alcanzaría con su superávit -alrededor del 15.000 millones de pesos-, de los cuales unos 8000 millones corresponden a rentas de la cartera del organismo, dijo Dal Poggetto. Y menos, esa suma podría obtenerse del fondo de sustentabilidad que no se puede desarmar.

Complicado. Ernesto Kritz, director de SEL Consultores, dijo que "es complicado" hacer realidad el aumento de haberes, si se trata de agregar gasto. "Para examinar la viabilidad o no, debe hacerse en conjunto con una revisión del presupuesto, no puede ser de forma aislada", dijo.

Y apuntó particularmente a la revisión general del gasto y sus componentes, como los innecesarios subsidios dirigidos a aquellos que tienen ingresos medios y altos. Sin embargo, "eso significa tocar tarifas, y habría que ver si es políticamente viable romper ese 'pacto' con la clase media". Algo que ve "extremadamente difícil".

Otro problema que dificulta la aplicación de esta propuesta, amplió Kritz, es que la Anses "funciona como pequeño banco de desarrollo" para el Gobierno. El director de Sel reveló un deterioro, en los últimos años, en la relación entre el haber mínimo y la suma mínima que percibe un trabajador registrado: en 2003, estaba en 78%, aunque ambos tenían menores niveles; en 2007, el haber mínimo equivalía al 66%, y ahora está en el 57%.

Kritz estima que, a raíz de una convocatoria del Consejo del Salario, prevista en el corto plazo, el mínimo ascendería de 1500 hasta los 1700 o 1800 pesos, "lo que generaría un impacto adicional significativo" en las arcas de la Anses.

El sistema no está colapsado, pero nadie lo mira con confianza a futuro. Kritz destacó el peso de los beneficiarios que se sumaron a la moratoria provisional: el costo asciende a los $ 21.000 millones.

Eduardo Luis Curia, economista heterodoxo y en algún momento defensor de la política económica de los Kirchner, advirtió que la iniciativa opositora es "una jugada astuta con vistas a poner políticamente contra la pared al Gobierno, en medio de un ciclo electoral anticipado".

Por el costo, que oscila entre los $24.000/33.000 millones anuales, según los alcances de las propuestas, "una supuesta aplicación inmediata, sin más, supondría un formidable estrés fiscal, perturbando adicionalmente un frente que aun trasunta cierta fragilidad", dijo Curia a lanacion.com.

La intensa movilización y reasignación de recursos y gastos que se comprometería en la financiación sería tal que, según Curia, "aún aprobados los proyectos, sería casi imposible una implementación inmediata". Eso derivaría, agregó, en "un poderoso desafío adicional al próximo gobierno".

Entre las soluciones propuestas, Curia se opuso a la restitución de los aportes patronales: "Significaría desconocer que el ritmo de la creación de trabajo se ha ralentizado mucho respecto al gran período 2003-20007". La causa principal de ese problema "es el progresivo abaratamiento del dólar real que se vino suscitando, inflando el costo laboral medido en dólares", amplió. Y si a eso se suman otros costos de orden laboral, al restituir aportes "se multiplicaría peligrosamente los fastidios para la creación de empleo hacia delante; y también mortificaríamos recaudación previsional potencial", opinó.

Los números para entender el debate

* Elevando la mínima actual $ 895 al 82% del salario móvil pasaría a $1230

* El salario mínimo vital y móvil es hoy $1500

* El Fondo de Garantías de Sustentabilidad, según el último dato de abril suma $ 149.286 millones, de los cuales 61% está invertido en títulos públicos; 12% en acciones; y 8% en créditos y proyectos productivos y obras de infraestructura.

* Este año, el superávit de la Anses ascendería a 15.000 millones. De los cuales, unos $ 8500 millones se destinan a la asignación universal por hijo, y el resto será para financiar al Tesoro.

* La relación en el sistema jubilatorio es de 1,5 activos por pasivo. (Hay 8,5 millones de aportantes).

* Unos 7 millones de trabajadores no realizan aportes.

* Desde 2003, el Gobierno incorporó 2.300.000 nuevos jubilados por medio de la Moratoria Provisional.

* Según el Gobierno, el haber mínimo trepó un 238% desde 2003.