los estudios de La Mañana la charla comenzó amena con el análisis de los despidos en Mercedes, para después centrarse en las cuestiones inherentes a cesantías que ocurrieron en toda la provincia bajo el argumento del gobierno de que se contrató a personas en tiempos electorales, en alusión a los decretos 1601 y 1602 firmado por el ex gobernador Arturo Colombi.

Respecto a lo sucedido en la localidad natal del mandatario, Mercedes, el gremio ATSA se expidió con una fuerte crítica al gobierno al decir que el 80% del personal cesanteado fue re-contratado, pero se los precarizó debido a que eran agentes de planta y ahora pasaron a la nueva figura laboral que en diciembre vence el convenio y nuevamente pueden estar en la calle.

Feliciano Romero contrastó los números al decir que tiene información que confirma que "de los 38 despidos en el Hospital se re-contrató a dos, y el resto que se incorporó fue personal nuevo, que nunca estuvieron".

Fue el puntapié para decir que más allá de ello hay cuestiones de fondo por corregir. Porque no debe desconocerse que los trabajadores desocupados necesitan trabajar, "pero en las instituciones se debe respetar la institucionalidad" espetó en un primer término.

Para proseguir en cuanto a que los cesanteados no tuvieron el derecho constitucional de defensa. "Estos trabajadores fueron despedidos sin sumarios, sin acusaciones; entonces por más que a algunos después de varios años se los pueda calificar como no idóneo, pero eso debe sentenciar el Tribunal y eso es lo que no tuvieron estos compañeros" precisó el sindicalista.

Para corregir esas falencias, Romero recordó que se presentó en el gobierno anterior y ante el actual lo que se denomina "fraude laboral". Algo que existe en la provincia y donde más se nota es en los estados, ya sean municipal o provincial, con las contrataciones precarias y empleos con salarios en negro (es decir no remunerativos).

En tal sentido, el referente de la CTA en Corrientes dijo que la Ley 4067, sancionada en el año 1986, no se respeta. "Sin excepción todos los gobernadores la violaron, de distinta manera. Y en esto están incluidos los interventores –federales".

Resumió esa denuncia Romero para contestarle al gobierno respecto de lo que se dice que cesantearon masivamente porque "fueron nombramientos políticos-partidarios".

"Si viola la Ley qué nombramiento no es político" se preguntó el gremialista. Para recordar que eso seguirá sucediendo mientras no se creen las vacantes en la administración pública y menos aún si no se da el movimiento legal dentro de la carrera administrativa. "Hacen ingresar gerentes u otras personas con cargos jerárquicos y el trabajador que tiene muchos años sigue en su mismo puesto, a pesar que en muchos casos se perfeccionaron" sintetizó.