Ayer finalizaba el plazo que el delegado interventor de Estancia Grande, Roberto Videla, le dio a dueños auténticos de las tierras, para que abandonaran sus viviendas porque iban a ser expropiadas en forma compulsiva, para hacer una escuela -ya hay dos con una matrícula de 18 alumnos-, un centro cívico y un hospital, todo esto en 220 mil hectáreas, que obviamente no incluían la gran cantidad de hectáreas que tiene Alberto Rodríguez Saá en El Durazno, ni la otra gran cantidad que tiene el propio Videla.
En el lugar, la escribana Bona, dio detalles de la presentación judicial realizada, entre lo que destacó que el procedimiento de expropiación “es por demás irregular e irrisorio”, si se toma en cuenta “la desproporción entre la cantidad de hectáreas que el gobierno quiere expropiar (220 mil) y las obras que son la justificación de la necesidad pública de esas tierras: una escuela, centro cívico y un hospital”.
Respecto de la necesidad o no de construir una escuela, Bona especificó que “en El Durazno hay dos y en una de ellas hay sólo 18 alumnos”, lo que demuestra a las claras que no existe necesidad de construir una tercera.
Como una de las medidas para que la opinión pública entienda y se informe sobre el conflicto, se convocó a todos los habitantes de la provincia a manifestarse frente al edificio del Poder Judicial de San Luis, el próximo viernes 21, a partir de la hora 10:00 y allí pedir justicia contra las expropiaciones compulsivas.
Al finalizar la jornada de aguante a los vecinos damnificados, se realizó una caravana, con carteles alusivos y una Bandera Argentina, con bocinazos que se hicieron escuchar cuando pasaron frente a la propiedad del gobernador Alberto Rodríguez Saá, en El Durazno, como así también al pasar frente a la propiedad de Videla.
El detalle que prueba la intolerancia que existe en el oficialismo provincial, fue cuando uno de los manifestantes quiso sacar fotos a la propiedad de Rodríguez Saá, una de las integrantes de la custodia del gobernador, le quiso arrebatar la cámara fotográfica, como si la propiedad fuera parte de un secreto de Estado. ¿Qué tiene la casa del gobernador que no se la pueda fotografiar?
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