En ese marco, solicitarán se determinen las responsabilidades, si las hubiese, de todos los funcionarios intervinientes. "Como concejales, en uso de nuestras legítimas facultades, debemos velar por la transparencia y legalidad de los actos públicos y la defensa del patrimonio municipal", sostuvieron los ediles en un comunicado dado a conocer ayer por la tarde.

Los concejales de los bloques del Frente Amplio Progresista y de la Unión Cívica Radical emitieron ayer un documento en el que informaron que en los próximos días recurrirán al Fuero Penal para que sea la Justicia la que investigue y determine las responsabilidades en el proceso licitatorio y adjudicación del cobro de tasas municipales vencidas que llevó adelante el Departamento Ejecutivo -y que quedara sin efecto luego de que recibiera fuertes cuestionamientos-.

En el comunicado, los ediles marcan que en la interpelación al intendente José Manuel Inza que se realizó el lunes 19, lejos de despejarse las dudas sobre graves irregularidades, estas persisten y otras se confirmaron.

Mencionan además razonables y lógicas sospechas de una potencial "connivencia o negocio entre, al menos, la empresa (adjudicataria) y el ex funcionario", en alusión a Néstor Requelme.

"Como concejales, en uso de nuestras legítimas facultades, debemos velar por la transparencia y legalidad de los actos públicos y la defensa del patrimonio municipal", sostienen.

A continuación, la transcripción textual del comunicado dado a conocer ayer por la tarde.

El documento

"El pasado día martes se llevó a cabo la sesión especial del Concejo Deliberante mediante la cual se efectuó la interpelación al señor Intendente Municipal, aprobada oportunamente por los bloques de la UCR, el FAP y Unión Pro, por la licitación pública a través de la cual se intentó privatizar el cobro de deudas de los más importantes tributos municipales con graves irregularidades detectadas en todo su proceso licitatorio.

El Intendente Municipal respondió con evasivas y vacilaciones la gran mayoría de las preguntas formuladas por los concejales de los tres bloques opositores y, una vez finalizada la interpelación, lejos de disiparse las dudas sobre las graves irregularidades planteadas, las mismas persisten y otras se han confirmado, como por ejemplo la no invalidación de la oferta presentada por una de las empresas oferentes por no cumplir con el patrimonio neto exigido por el pliego licitatorio de Bases y Condiciones.

Otros aspectos fundamentales que no se lograron clarificar tuvieron que ver con la limitadísima difusión de la licitación, impidiéndose de esta manera que se presenten otras empresas del rubro a participar de la misma y la no declaración de las incompetencias de las áreas municipales para el desarrollo de los trabajos y servicios objeto de la citada licitación, incumpliendo con lo dispuesto en ese sentido por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Sin lugar a dudas, hubo un claro retaceo por parte del Señor Intendente en brindar información de carácter pública, según lo estipula la Ordenanza Municipal N° 2241/04 (formulada en concordancia con el artículo 12 de la Constitución Provincial), como por ejemplo la no respuesta a la nota enviada oportunamente por uno de los bloques solicitándole la remisión del expediente al Concejo Deliberante.

"Razonable y lógica sospecha sobre una posible connivencia o negocio"

En otro orden, llamativamente no se invitó a otras empresas existentes del rubro a que hicieran su oferta y ni siquiera se dejó constancia en el expediente los motivos por los cuales las mismas no fueron invitadas a participar de la licitación.

Sabemos fehacientemente que también existen otras empresas del rubro inscriptas con anterioridad en el Registro Municipal de Proveedores, las que tampoco fueron invitadas a participar, y del mismo modo no se dejó constancia en el expediente sobre esta situación.

El acto administrativo de inscripción en el Registro de Proveedores y adquisición del Pliego de Bases y Condiciones por parte de las dos únicas empresas participantes se efectuó bajo circunstancias demasiadas extrañas que ameritan ser esclarecidas. Ambas lo hicieron fuera de los plazos estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones, el mismo día, a la misma hora, en el mismo minuto y con diferencia de segundos.

El porcentaje de retribución a la empresa ganadora, según surge del contrato de locación de servicio firmado oportunamente entre el Intendente y el titular de la empresa TIP S.A. fijaba un extraordinario porcentaje del 33,05 por ciento más IVA, representando un 40 por ciento, lejos de los valores referenciales de mercado para este tipo de operatorias, en desmedro del erario municipal.

Otro aspecto a analizar es que, extrañamente, la empresa ganadora (TIP S.A.) presta servicios en la Municipalidad de Almirante Brown, de donde es oriundo el ex secretario de Economía y Finanzas, principal responsable junto al Intendente de darle impulso a esta licitación y en donde también oportunamente el mismo licenciado Néstor Requelme tuvo un vínculo laboral. Esta situación plantea una razonable y lógica sospecha que necesariamente debe ser despejada sobre una posible connivencia o negocio entre, al menos, la empresa y el ex funcionario.

"Fue el propio Intendente quien firmó"

Otra de las irregularidades detectadas, quizás una de las más graves, tiene que ver con que las actuaciones no fueron elevadas oportunamente al Concejo Deliberante, paso absolutamente imprescindible de acuerdo a las características de la licitación y conforme lo estipula el Plexo Normativo al cual hace referencia el Pliego de Bases y Condiciones, la Ley Orgánica de la Municipalidades y el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, existe un claro dictamen del subsecretario Legal y Técnica de la Municipalidad, afirmando que las actuaciones debieron ser elevadas al Concejo Deliberante para su autorización, el cual fue desoído por el Intendente Municipal y el ex secretario de Economía y Finanzas.

En el expediente licitatorio existe una clara incongruencia entre el alcance del objeto de la Licitación y los tributos municipales efectivamente adjudicados ya que se pretendió agregar a la tercerización el cobro de deuda existente en concepto de Derecho de Explotación de Canteras y de la Ley 13.010 (automotores), por una suma de casi 17.000.000 de pesos, cuestión que no estaba contemplada en el Decreto de llamado a licitación.

Un dato fundamental en toda esta situación está dado en que, a pesar de estar advertido el Señor Intendente Municipal, cuando desde el bloque del FAP se le solicitó la remisión del expediente licitatorio, decidió avanzar y terminar con todo el proceso de referencia luego de la citada advertencia.

Fue el propio Intendente quien firmó el Decreto de Constitución de la Comisión Evaluadora y de Pre Adjudicación (N° 2487/12), el Decreto de Adjudicación (N° 2750/12) y el Contrato de Locación de Servicio N° 7300 con la Empresa TIP S.A.

Denuncia penal

Durante toda la interpelación y hasta el día de la fecha, a pesar de las diversas argumentaciones y fundamentaciones explicitadas por los ediles de los bloques de la oposición, el señor Intendente no reconoció la existencia de irregularidad alguna en el proceso licitatorio, cuando claramente no se cumplió con el Régimen Legal y Normas Aplicables, resultantes del propio Pliego Licitatorio de Bases y Condiciones como así tampoco se cumplió con varios de los artículos del Pliego de Bases y Condiciones.

La clarificación de todas estas situaciones es absolutamente necesaria ante la comunidad y servirán para ir en la búsqueda de la verdad material de los hechos, no alcanzada por la interpelación llevada a cabo días pasados.

Como concejales, en uso de nuestras legítimas facultades, debemos velar por la transparencia y legalidad de los actos públicos y la defensa del patrimonio municipal. Razón por la cual, en los próximos días, los bloques de concejales del FAP y la UCR recurrirán al Señor Fiscal en el Fuero Penal a los efectos que sea la propia Justicia, en uso de sus atribuciones y funciones, la que, de corresponder, determine las responsabilidades penales competentes".