Cada día más se registra el fenómeno de las causas sensibles para el poder que desfilan por los juzgados federales; comerciales, del contencioso administrativo o que comienzan a ascender hacia las cámaras y, como se ha visto en los últimos días, controversias como la de las jubilaciones, la Ley de Medios o la restitución del procurador de Santa Cruz llegan hasta la Corte Suprema de Justicia. Frente a este escenario, el Gobierno reacciona de la peor manera, presionando a algunos jueces, criticando con dureza sus fallos o directamente acusándolos de supuesto golpismo como ha sido el caso de los integrantes de la Corte (ver pág. 10), cuando es público y notorio que la mayoría de sus integrantes han sido designados durante la gestión de Néstor Kirchner. Los jueces deberán ser firmes en sus decisiones y garantizar a la sociedad el resguardo de sus fallos aún cuando se los ataque, porque el estado de confrontación política de este tiempo de la Argentina exige una respuesta institucional sólida de parte de la Justicia. Es otra prueba para esta democracia joven que aún tiene demasiadas materias pendientes.