La Defensoría del Pueblo del Chaco remitió a la Subsecretaría de Hacienda de la Provincia una serie de recomendaciones que permitan evitar tasas de intereses abusivas e irracionales en los préstamos personales a los que acceden cientos de empleados públicos.

Para ello, el defensor Gustavo Corregido, a partir de la investigación sobre maniobras de las que son víctimas los empleados ante distintas necesidades económico-financiera, recomienda a las autoridades cuatro acciones, la primera de ellas es que la suma otorgada en préstamo se deposite en la caja de ahorro cuenta sueldo del Banco del Chaco del empleado de la administración pública provincial. Además que la entidad que otorga el préstamo deba hacer una precarga en el sistema, determinado el capital, tasa de interés y monto de cuotas a pagar y cantidad de las mismas.

La tercer medida es que la entidad que otorga el préstamo deba remitir a la autoridad de aplicación no solo la constancia de depósito bancario del préstamo, sino también la autorización para código de descuento certificada por escribano público, en el que constará capital, tasa de interés, monto de cuotas y cantidad de cuotas.

Por último recomienda que sea la autoridad de aplicación la que otorgue la autorización una vez que estime completo el trámite y que se encuadre en la Ley Nº 6676 (código de descuento).

Cumplimiento de la ley

Corregido no dudó en afirmar que las recomendaciones “se orientan al cumplimiento efectivo de la Ley 6676 desde el primer artículo hasta el quinto y si se cumpliese acabadamente con esta normativa, los abusos en los cobros de intereses por medio de los Códigos de Descuentos no serían posibles”.

Por otra parte en el escrito presentado manifiesta que la ley de defensa al consumidor como la del código de descuento, además de la legitimación invocada por el Defensor del Pueblo para defender intereses colectivos o intereses difusos -en razón de la normativa de la Ley 4190 que regula su intervención-, revisten carácter de orden público, por lo tanto la autonomía de la voluntad queda subordinada a la política legislativa, al marco jurisprudencial y al control judicial, “a los fines de establecer una tasa de interés razonable que no convierta al salario del empleado público en botín de abusos de índole confiscatorio, sirviéndose del sistema informático proveído por el propio Estado para expoliar los sueldos. Se debe poner un límite y fuerte control por parte de la autoridad de aplicación”.

Estas recomendacion surgen de conversaciones con distintos actores que intervienen en el control del código de descuento y donde la Subsecretaría de Hacienda es el órgano de aplicación.

Numerosos casos

Para llevar adelante estas recomendaciones, Corregido también hizo conocer no solamente las notas periodísticas que marcan la problemática que afecta a los empleados endeudados, sino también la investigación penal iniciada a partir de una denuncia contra una mutual detectándose más de 500 casos de mecanismos defraudatorios en los que además del pago excesivo de intereses a través del código de descuento eran víctimas de otras maniobras.

Corregir fallas sistémicas

Por último dijo que esto es a fin de corregir fallas sistémicas, recordando que es atribución del defensor del pueblo “iniciar y proseguir de oficio o a iniciativa de cualquier habitante, investigaciones conducentes al esclarecimiento de actos, hechos u omisiones de la administración pública y sus agentes, que impliquen ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, inconveniente, desconsiderado o inoportuno de sus funciones”.

Finalmente, Corregido comprometió que prestará “especial atención a aquellas situaciones que denoten una falla sistémica general de la administración pública, procurando aconsejar las acciones que permitan eliminar o disminuir el defecto”.