La negociación por 37 áreas petroleras que vencen entre el 2015 y el 2018 y por las que Celso Jaque se ilusiona con conseguir los fondos para llegar a fin de año promete convertirse en la nueva batalla entre el oficialismo y la oposición. Cada uno con sus razones, quieren participar en una renegociación que algunos ven anticipada mientras que desde la vereda de enfrente necesitan que quede sellada en el menor plazo posible, porque, concretamente, se necesitan fondos. Mendoza es una de las últimas en renegociar los contratos petroleros, y para hacerlo sin consultar a otro poder se ampara en la Ley Nº 7.526 de Hidrocarburos, que establece en el artículo 12 que el Poder Ejecutivo podrá prorrogarlas por 10 años siempre que el concesionario haya dado buen cumplimiento a las obligaciones emergentes de la concesión.

Además, Infraestructura necesita hacerlo, porque desde hace meses viene observando que se cae la curva de inversión y producción petrolera, y por eso ha citado a los presidentes de todos los partidos de la oposición para hoy a las 11 en el cuarto piso de la Casa de Gobierno bajo la promesa de que será Jaque quien les dé explicaciones. Para paliar este déficit es que se decidió comenzar a renegociar la concesión de la explotación de recursos petroleros, al menos por diez años más, y esta decisión se plasmó en un decreto que se dio a conocer hace poco más de un mes. Por esto, en los próximos días –concretamente, el 25– vence el plazo para que las empresas que hoy operan digan si están en condiciones de quedarse y qué ofrecen para permanecer en el negocio por otra década más. Pero la oposición entiende que no es así, y para esto se basa en el artículo 99 inciso 4 de la Constitución, que fija que cuando se esté ante el uso de bienes o patrimonio del Estado, es la Provincia la que debe definir el destino. Y, en este aspecto, la legisladora Alejandra Naman, senadora por la Coalición Cívica, y César Biffi, presidente del Comité Provincia del radicalismo, entienden que, al decir Provincia, están involucrados los tres poderes del Estado, por lo que le exigen a Jaque mayor participación. De hecho, la legisladora ex arista le envió una carta documento a Jaque exigiéndole que se abstuviera de disponer la prórroga de las concesiones, un pedido que –como era de esperar– el gobernador nunca respondió. Quien mantiene otra postura es el demócrata Carlos Aguinaga. Él irá al encuentro pero con un proyecto de su autoría. Concretamente, quiere que el monto mínimo del pago inicial al que se refiere el inciso 1 del decreto 1.547/10 se determine considerando los volúmenes de producción y reservas probadas registrados entre el 2003 y el 2008, inclusive. Incluso, establece parámetros más rigurosos a la hora de exigir condiciones a las empresas que pretenden quedarse en el mercado. BUSCANDO ACUERDOS. En este escenario será al menos difícil alcanzar un acuerdo durante esta mañana. Además, fue el propio ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, quien llamó ayer a los jefes de los bloques y los citó bajo la promesa de que Jaque escuchará sus reclamos. Sin embargo, es posible que a esa hora el gobernador aún no regrese de Brasil.

El decreto para el llamado a manifestación de interés se publicó hace poco más de un mes en el Boletín Oficial, y, antes del 25 de agosto, estas empresas deberán manifestarse a favor o en contra de la prórroga y tendrán que entregar la documentación requerida, además de fijar posturas ante los condicionamientos que les pone la Provincia. El decreto fija, entre otras cosas, un pago inicial de una suma a convenir entre las partes, un canon extraordinario de producción en forma mensual y un compromiso de inversiones a los efectos de incrementar las reservas de hidrocarburos y producción de los mismos. También exige que en esta etapa deben comprometerse al compre mendocino y a contratar mano de obra provincial. Se fijará la inversión en nuevas tecnologías extractivas que permitan incrementar reservas y la acreditación de la inscripción en el Registro de Residuos Peligrosos en Calidad de generador y operador.