A 45 días de las elecciones generales y a tres meses del recambio legislativo, el saldo de la oposición es negativo. El período de supremacía opositora en el Congreso Nacional, que comenzó a regir a partir del 10 de diciembre de 2009, está signado por la menor producción parlamentaria de los últimos años.

El manejo ineficiente de la mayoría por parte del desaparecido Grupo A, la falta de acuerdos internos y la impericia para la construcción de un armado político con fines concretos redundó en una sensible merma de la producción legislativa. Entre marzo de 2009 y febrero de 2011 se aprobaron sólo 181 leyes, mientras que entre 2007 y 2009– primeros dos años de la gestión de Cristina Fernández– se sancionaron 255, un 30% más que cuando la oposición mostró mayoría en la Cámara Baja. En tanto, desde 1987, se aprobaron en promedio 125 normas al año, pero en lo que va de 2011 sólo se aprobaron 44.

Más allá de la magra producción legislativa, la mayoría opositora implicó además severas dificultades para el gobierno nacional que, entre otras cosas, no pudo contar con el Presupuesto para el ejercicio 2011.

Cuando en diciembre de 2009 la diputada de la Coalición Cívica, Patricia Bullrich, bautizó al conglomerado opositor con el nombre de Grupo A, anticipó que desde ese momento se legislaría “para ordenar al país”. Más allá de lo declamado por los distintos voceros de la oposición, el debut mediático y legislativo de este conglomerado tuvo que ver con el intento de frenar el uso de reservas para hacer frente a una parte de la deuda externa. A partir de allí, parte de la estrategia llevada adelante por la oposición legislativa fue intentar modificar el modelo económico desde el Congreso, ya sea con el intento de la sanción de proyectos propios o impidiendo deliberadamente el avance de los proyectos enviados por el gobierno nacional.

Así impulsaron sin éxito la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia que disponía el uso de parte de las reservas para afrontar pagos de deuda. En esa oportunidad fue un Senador opositor quien le permitió al oficialismo bloquear la intentona del Grupo A. El representante de La Pampa, Carlos Verna, presentó un proyecto que favoreció al gobierno y obturó –en la proximidad de una votación con final incierto– la posibilidad de que la oposición impidiera la aplicación del DNU que creaba el Fondo de Desendeudamiento, y por el cual se autorizaba al gobierno nacional a usar las reservas para cancelar parte de la deuda externa.

No pasó mucho tiempo desde que se consumó el recambio legislativo para que tanto Agustín Rossi, titular de la bancada del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, como Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque del FPV en la Cámara Alta, definieran como “la máquina de impedir” a la suma de los sectores antikirchneristas en el Parlamento.

Bajo la lógica de la oposición sistemática, desde 2009 hasta hoy, el arco opositor impidió que el oficialismo avance en proyectos como: la Ley de Servicios Financieros, la declaración de interés público de la producción, comercialización y distribución del papel para diario, la Ley de Arrendamiento, la reforma del Estatuto del Peón, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el régimen de participación de los trabajadores en las ganancias de la empresas, el Presupuesto 2011, entre otros.

Al mismo tiempo que impedía el avance de los proyectos impulsados por el FPV, el Grupo A fracasaba en sus intentos por cogobernar desde el Parlamento. Ya sea por profundos desacuerdos internos, por falencias en la mecánica parlamentaria o por mera impericia, las promesas de campaña de aquellos legisladores que llegaron al Congreso montados en el conflicto provocado por la Resolución 125 fueron quedando de lado una tras otra.

La mayoría opositora no pudo reformar el Indec, modificar la constitución del Consejo de la Magistratura, eliminar las retenciones a las exportaciones de granos, derogar los superpoderes, coparticipar el impuesto al cheque, ni tampoco imponer su propio presupuesto. En todos los casos lo intentó, y en todos los casos fracasó. Sin embargo, algo ya estaba claro, la mayoría de los proyectos perseguían el objetivo de herir al Estado en su corazón financiero.

Uno de los proyectos más significativos en cuanto a la búsqueda de desfinanciar al Estado fue la coparticipación del impuesto al cheque. Un proyecto que impactaba de lleno en las arcas de la ANSES y, por añadidura, en programas sociales como la Asignación Universal por Hijo. La oposición en el Senado consiguió aprobarla gracias a una amañada lectura jurídica del senador Carlos Verna. La victoria pírrica llegó de la mano del vicepresidente, Julio Cobos, quien avaló la interpretación del senador pampeano respecto de que la norma no se encuadraba dentro de aquellas para las cuales las constitución impone una mayoría especial. Ese dato terminó siendo el certificado de defunción del proyecto, que nunca se trató en Diputados.

La eliminación de las retenciones fue otro de los golpes que la oposición no pudo asestarle al gobierno de Cristina Fernández. Si bien la oposición impidió la prórroga de las facultades delegadas que le permitían al Ejecutivo modificar los impuestos a la exportación, no pudo lograr un acuerdo para modificar la tasa impositiva. La frustración en el intento de modificar las retenciones dejó secuelas y fue, sin dudas, el comienzo del fin del autodenominado Grupo A. Las diferencias entre los distintos bloques de la oposición se hicieron insalvables. Dentro de la Unión Cívica Radical (partido que agrupa a la mayor cantidad de agrodiputados) provocó cimbronazos que estuvieron a punto de fracturar el bloque del partido centenario. Por aquel entonces, los diputados radicales y dirigentes rurales Ulises Forte, Ricardo Bouryaile, Juan Casañas y Pablo Orsolini, que hoy comparten la estrategia de dilatar el tratamiento de la ley de tierras, no lograron consensuar el texto de un proyecto y pusieron al borde de la ruptura a la bancada que ostenta la segunda minoría de la Cámara Baja.

El único proyecto que lograron sancionar los sectores anti k fue el que imponía el pago del 82% móvil a los jubilados. El Grupo A, ya consciente de su pobre producción parlamentaria buscó que la sanción de un proyecto impactara de lleno en la sociedad y, que en caso de ser vetado esmerilara la imagen positiva que a esa altura ya tenía el gobierno. Pero eso no ocurrió. La norma fue sancionada en medio de diferencias en el núcleo duro de la oposición y con falencias en su redacción que la hacían inconstitucional desde concepción, ya que el texto no detallaba de dónde saldrían los fondos para que el Estado pudiera hacer frente a la nueva erogación. La norma fue vetada, sin grandes costos políticos, por un Ejecutivo que contaba con el respaldo de ser el que más incrementos le otorgó a la clase pasiva.

El único golpe certero que la oposición le asestó al kirchnerismo se produjo a fines de 2010 cuando la oposición impidió, por primera vez desde el retorno de la democracia, que un presidente contara con el presupuesto para el próximo ejercicio. Esa jugada, que en el seno del Grupo A se festejó como un triunfo electoral, desnudó ante la opinión pública una estrategia que tenía que ver sólo con impedir la profundización de un modelo que no responde a los intereses concentrados.

Pese a estos antecedentes, y con el peso de los resultados de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias sobre sus espaldas, la oposición buscará convertir las elecciones generales de octubre en simples parlamentarias. Y en ese marco, el presidente de la Unión Cívica Radical insistió con la necesidad de evitar la hegemonía kirchnerista para defender las instituciones.

El discurso post 14 de agosto tuvo su test sin éxito alguno en las elecciones provinciales que se llevaron a cabo en Tucumán. Allí el oficialismo se impuso por un gran margen y el corte de boleta no fue significativo. Cuarenta y cinco días le quedan a la oposición para convencer a un electorado que parece poner el balance de la gestión por encima de los discursos. <