Los principales proyectos de ley que impulsa la oposición y están en discusión en el Congreso nacional tendrían, de concretarse, un impacto fiscal total de casi $ 70 mil millones y generarían un déficit presupuestario para este año de unos $ 44.500 millones.

La carrera hacia las elecciones presidenciales de 2011 en un contexto de crecimiento económico, que el consenso de las consultoras económicas ubica en el 7% para este año, provocó que la oposición abandonara sus críticas al gasto público en manos del oficialismo y se lanzara a discutir medidas que requieren un mayor uso de recursos, que implican menor recaudación y, sobre todo, la pérdida del manejo discrecional de los objetivos del gasto.

“Hoy la palabra ajuste está no sólo fuera del diccionario del Gobierno, sino también de la oposición”, se reflexiona en un informe del Estudio Bein y Asociados que analiza el impacto de esas medidas. Y más allá de las opiniones de los economistas, lo inédito es que en la actualidad es el oficialismo el que acusa a la oposición de fogonear el gasto, luego de siete años de que las críticas fueran en dirección contraria.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, llegó a acusar a la oposición de tener “una enorme irresponsabilidad política”, luego de que la Cámara baja aprobara el proyecto de fijar los niveles de las jubilaciones atados al 82% móvil del salario mínimo. La Anses asegura que esa decisión tendría un costo de $ 25 mil millones y la empujaría al déficit, por lo cual el oficialismo ya adelantó que la vetará, aun a riesgo de la impopularidad de dar de baja una ley que favorece al electorado.

El proyecto aprobado en Diputados llegará al Senado en octubre. En los próximos días la oposición realizará una ronda de consultas por el interior del país para ganar voluntades en las provincias y presionar así el voto de los legisladores, más remisos al proyecto en la Cámara alta.

Esta iniciativa convive en el Congreso con debates para recomponer los ingresos de los jubilados a partir del fallo de la Corte Suprema en el caso Badaro, lo que agregaría otros $ 14.500 millones a las erogaciones de la Anses.

La suma. También es fuerte la avanzada hacia la eliminación de retenciones al trigo y al maíz, que se suma a la reducción del 10% de la alícuota para la soja, lo que le restaría al erario público otros $ 12.285 millones.

Con menor fuerza, pero todavía vivos, existen proyectos para elevar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias por encima de la última modificación del Ejecutivo, lo cual restaría otros $ 8 mil millones a la recaudación; la coparticipación del impuesto al cheque (otros $ 8 mil millones) y la redistribución entre las provincias del 15% de coparticipación federal que hoy queda en la Anses ($ 9.200 millones menos).

Ingeniería presupuestaria. El diputado Claudio Lozano, de Proyecto Sur, sostiene que la aplicación de estos proyectos requiere de una ingeniería presupuestaria previa. “Hay que acabar con las mentiras del Gobierno y las chantadas de la oposición”, comentó.

Lozano, como muchos de sus pares, apunta a la reducción de subsidios al transporte y a la energía, que insumen unos $15 mil millones al año, junto con un aumento de los ingresos a través de incremento de los aportes patronales ($18 mil millones) y un gravamen a la renta financiera ($ 4 mil millones). Claro que, según el oficialismo, la eliminación de subsidios iría a parar directamente al bolsillo de los usuarios (ver infografía).

“Los subsidios se pueden eliminar sin siquiera aumentar tarifas, con un nuevo sistema de concesiones de los servicios públicos”, disiente Lozano.

“El sistema no va a quedar desfinanciado por la aplicación de esta ley. El próximo paso que daremos en el Congreso, en materia previsional, será revisar y reformar el sistema”, argumentó Fernanda Reyes, de la Coalición Cívica, luego de la media sanción al 82% móvil.

“Decir que es una irresponsabilidad la reducción de retenciones es irresponsable”, comentó a PERFIL Ricardo Buryaile, radical que preside la Comisión de Agricultura de Diputados y uno de los principales impulsores del debate por las retenciones.

“La mayoría de los proyectos tienen que ver con redistribuir el ingreso fiscal, otros con reducir la presión impositiva como por ejemplo al agro”, señaló Buryaile.