Cámaras empresarias e inversores extranjeros observan con preocupación el proyecto de ley de tierras que está motorizando la administración de Cristina Kirchner, así como los problemas que su aplicación podría generar.

Entre los riesgos, un operador inmobiliario advirtió sobre un impacto perjudicial para su actividad en el interior, mientras un legislador reconoció la inquietud que le transmitieron varias firmas extranjeras con intereses en el país.

Tampoco es menor la sospecha de que podría abrirse la puerta a una reforma constitucional, en el caso que sea necesaria para adaptarla a la nueva ley.

La iniciativa oficial que propone –entre otras cosas– limitar la superficie dentro del territorio nacional que puede adquirir o poseer un extranjero, o empresa foránea, es una de las prioridades que la actual presidenta tendrá en su segundo mandato si resulta reelecta el 23 de octubre.

Días atrás los ministros de Agricultura, Julián Domínguez y de Justicia, Julio Alak, definieron como estratégica la política del gobierno en la materia, durante un simposio que se llevó a cabo en la Universidad Católica Argentina (UCA). El primero fundamentó la postura oficial en el "derecho de cada pueblo a ser titular de sus recursos", en tanto Alak agregó que la jefa de Estado y sus ministros están dispuestos "a luchar para que la tierra sea de los argentinos".

En este contexto, el rector de la UCA Víctor Manuel Fernández leyó un pronunciamiento del 2005 de la Comisión Episcopal Argentina. "La extranjerización representa un proceso de pérdida de soberanía y recursos naturales, así como de concentración de la tierra en capitales extranjeros".

La presión política para un cambio normativo inquieta a actores económicos. El titular de la Cámara Argentina Inmobiliaria Rural, Roberto Frenkel Santillán, fue contundente: "Nuestra entidad observa con preocupación la estigmatización del extranjero, si prospera esta ley puede ser el certificado de defunción para muchos lugares del interior profundo. Además, sólo el 5 % de las ventas son a extranjeros".

El empresario sostuvo que en muchos lugares del país el extranjero se "argentinizó" y en determinados sitios de la meseta patagónica son pocos los nativos dispuestos a habitar allí.

El diputado macrista, Julián Obiglio reconoció que, desde el anonimato, varios inversores extranjeros deslizaron la preocupación que genera la polémica normativa. "Existe una confusión que parece premeditada, lo crucial es el uso que se le da a la tierra, no el nombre del propietario. En tal sentido –añadió– el Estado dispone de todas las facultades para controlar la utilización del recurso, sea por nacionales o extranjeros".

Frente a una frase de Domínguez ("el extranjero suele enviar los fondos afuera, mientras el argentino reinvierte en el campo"), Obiglio reaccionó: "Nadie garantiza que por nacer en un lugar u otro alguien va a cuidar más la tierra, si el objetivo es controlar el gobierno tiene facultades: desde expropiar a limitar las exportaciones, no tiene nada que ver la nacionalidad".

Desde otra vereda, el legislador de centroizquierda Pablo Orsolini sugirió determinar una "unidad económica productiva" como ocurre en la provincia de Santa Fe, ya que las 1000 hectáreas que implementa el proyecto oficialista como techo no tiene la misma utilidad en una región que en otra.