La propuesta, que ingresó el pasado 11 de noviembre del año pasado formándose el expediente 206/1, propone que “toda persona que padezca una enfermedad irreversible, incurable y se encuentre en estadio terminal, o haya sufrido un accidente que la coloque en igual situación, informada en forma fehaciente, tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de hidratación y alimentación y de reanimación artificial, cuando sean extraordinarios o desproporcionados a las perspectivas de mejoría y produzcan dolor y sufrimiento desmesurado”

Agrega más adelante que “toda persona y en cualquier momento –ya sea al ingresar al establecimiento asistencial o durante la etapa de tratamiento- puede manifestar su voluntad de que no se implementen o se retiren las medidas de soporte vital que puedan conducir a una prolongación innecesaria de la agonía y que mantengan en forma penosa, gravosa y artificial la vida”.

El proyecto consta de 13 artículos donde se contemplan distintos casos dados por la gravedad y la edad de enfermos, se establecen las responsabilidades, se fijan los procedimientos para acogerse a lo determinado por en la iniciativa.

Entre los fundamentos, el parlamentario sostiene que “la legislación debe ayudar a cuidar y acompañar a pacientes terminales en sus últimos momentos de vida biológica, con cercanía y respeto por la vida, buscando asimismo la humanización de la medicina”.

Sostiene que “el dilema sobre la licitud de adoptar una estrategia médica para retrasar el momento de la muerte, debe abordarse con la seriedad y calidad ética que el tema requiere, máxime teniendo en cuenta las posibilidades que ofrecen los avances científicos para prolongar la vida y sobre todo, considerando la calidad de vida que pueden brindar en casos terminales. De allí la importancia del derecho de cada persona a decidir bajo qué condiciones seguir vivo”.

También, destaca al fundar el proyecto que “la pérdida de la condición social, en primer término y de la intelectual en un segundo lugar, hacen que en un paciente terminal la prolongación de la vida deje de ser un beneficio y pase a ser un avasallamiento a los derechos enunciados por la Constitución : derecho a la dignidad humana, derecho a la autodeterminación del plan de vida y derecho a la autonomía (artículo 75, inciso 22 Constitución Nacional). Seguramente estas tres condiciones de la vida humana deben ser tenidas en cuenta al momento de intentar responder al dilema planteado. Si la dignidad es una condición inherente a la vida cuanto más debe serlo en relación a la muerte”, precisa.