"Estamos sancionando guardiacárceles por ‘truchar’ el título secundario, que es una exigencia. ¿Por qué no a los funcionarios que acceden a cargos por el voto de la gente?", argumentó el legislador mendocino.

En su iniciativa, Cairo también explicó que un legislador "decide sobre el destino de millones de pesos cuando vota el presupuesto". "Eso requiere alguna calidad especial", afirmó.

Sin embargo, la iniciativa chocaría contra algunos preceptos constitucionales, como la igualdad de oportunidades, y la posibilidad de presentarse a elecciones sin restricciones.

Por caso, los artículos 65, 72 y 77 de la Constitución provincial establecen las condiciones para ser electo legislador provincial. En el 65 se establecen las restricciones: no pueden ser legisladores los eclesiásticos, los condenados mientras dura la condena, los que estén cumpliendo prisión preventiva en delitos no excarcelables y los afectados por incapacidad física o moral.

En tanto, en el 72 se establece que, para ser diputado, hace falta ser ciudadano (nativo o con 5 años de obtenida por vía legal, ser mayor de edad y, al menos, dos años de residencia en la provincia. En el caso del 77 dice que para ser senador, además de los requisitos de los diputados, es condición obligatoria tener 30 años de edad.

Por si fuera poco, el artículo 16 de la Constitución nacional expresa que "todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad".

De todas formas, Cairo redobla la apuesta en sus argumentos. "El Estado Provincial le garantiza a todos los habitantes de la Provincia el acceso a la educación pública gratuita y obligatoria desde los 4 años y hasta los dieciocho años de edad, organizada en tres niveles: inicial, general básica y polimodal", asegura el senador.