La policía de prevención municipal, que el Gobierno provincial busca implementar para mejorar el control de la conflictividad social y las contravenciones urbanas, está generando incertidumbre entre los intendentes.

En el proyecto que el Ejecutivo envió a la Legislatura, la policía de prevención estará comandada operativamente por los jefes de policía distritales y estratégicamente orientada por un comité presidido por los intendentes. Además, la Provincia se hará cargo de un plantel básico de efectivos, pero si una comuna requiere más, deberá solventar esos sueldos.

Ese último punto, justamente, es uno de los que preocupan a los intendentes, que deben contar con el visto bueno de su Concejo Deliberante para avanzar con esta fuerza: en principio, porque esa dotación a cargo de las arcas provinciales se calculará sobre la base de un índice que recién quedará definido en la reglamentación de la ley y del que sólo se sabe que tomará en cuenta estadísticas poblacionales, delictuales y sociales.

Pablo Bruera, intendente de La Plata, lo hizo explícito: “Creemos que si la Provincia aporta sólo los sueldos del personal policial no va a ser suficiente, porque los salarios son apenas el 30 por ciento del gasto general de una fuerza”. Por eso, son varios los alcaldes que plantean esperar que la reglamentación esté clara para saber si impulsarán o no la adhesión.

Esas dudas, además, no se dan en el vacío: a las consabidas demoras en la remisión de fondos para las policías comunales, un jefe comunal del Conurbano, que pidió no ser mencionado, sumó otra: “Todavía estamos esperando la plata para solventar el programa de seguridad ciudadana de Nación”. Contó que en su comuna “pusieron a andar helicópteros y cámaras de vigilancia, pero hasta ahora las pagamos nosotros”.

Explícito, Hugo Curto, el intendente de Tres de Febrero, dijo que la policía de prevención “no es una buena idea, todos estos programas generan gastos y acá no bajan plata constante”. Su colega de Ensenada, Mario Secco, apeló a la ironía: “En Ensenada pagamos el combustible y las cubiertas de los patrulleros. En cualquier momento vamos a tener que pagar las balas”, dijo.

Pero ese no es el único reclamo sobre esta nueva fuerza, inspirada en la Guardia de Proximidad de Madrid. Las cuestiones operativas también preocupan: “El proyecto no dice nada de cuáles serían los mecanismos institucionales para que un efectivo de la policía de prevención comunique los delitos graves que puede conocer en el curso de su acción”, dijo otro jefe comunal.

Ese intendente dijo temer que esa falta de previsión termine por generar “una suerte de mercado de datos e intercambio de información ilegal entre miembros de distintas fuerzas de seguridad, en cuestiones graves como pueden ser el tráfico de drogas, los asesinatos o los secuestros extorsivos”.

En ese marco, es de prever un paso difícil por la legislatura para esta fuerza, que está pensada para ciudades de más de 70 mil habitantes pero que puede funcionar, si es solicitada, en municipios más pequeños. Tal vez con ese horizonte en la mira, desde Nuevo Encuentro adelantaron que comenzaron a trabaja en un proyecto alternativo.

Se aplicaría en 2013

Por otra parte cabe mencionar que si el proyecto para la creación de la Policía Municipal no sufre modificaciones significativas, 41 ciudades (entre ellas Junín) podrían sumarse a los servicios de esta nueva fuerza policial, pero su aplicación concreta demoraría, por lo menos, todo 2012 y parte 2013.

El anteproyecto que confecciona el Ministerio de Seguridad y Justicia bonaerense incluye “un piso” para la dotación de agentes locales (un policía cada 500 vecinos). La Provincia cargará con el presupuesto de esa nueva fuerza. La propuesta comenzaría a evaluarse con las sesiones ordinarias que empiezan en marzo próximo.

El gobernador Scioli explicó que el objetivo es “descentralizar” la actividad, la operatoria y las decisiones de una fuerza de 55.000 oficiales y suboficiales.

La alternativa sería derivar de la actual plantilla de la Bonaerense, que tiene facultades ampliadas (investigación y represión del delito). La idea es convocar a personas lugareñas de cada distrito, pero aún no hay pautas para su clasificación.