Para poner en práctica esta ley, se define la creación de un Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Donde el Poder Ejecutivo Nacional, es el encargado de reglamentar el financiamiento del mismo y asegurar el destino de los recursos, sin perjuicio de la aplicación de otros recursos existentes destinados a incentivar la innovación y la investigación científica y tecnológica en el área de la producción”, explicó el diputado.

“Considero -agregó-, que es el Estado Nacional, junto a los estados provinciales quienes deben fomentar la innovación en las empresas mediante la concesión de incentivos fiscales, mediante la concesión de recursos financieros, humanos, materiales o de infraestructura, entre otros, como herramientas tendientes a promover e incentivar el desarrollo de productos y procesos innovadores en empresas nacionales y en las entidades nacionales de derecho privado sin fines de lucro dedicadas las actividades de investigación. Para esto, es necesario, la firma de convenios o contratos específicos, destinados a apoyar actividades de investigación y desarrollo para atender a las prioridades de la política industrial y tecnológica nacional”.

El proyecto deja en claro las directrices para su posible aplicación, entre ellas que se priorizará a los proyectos destinados a las regiones menos desarrolladas del país y en especial la región patagónica, fomentando acciones que permitan dotar la investigación y el sistema productivo regional de mayores recursos humanos y capacitación tecnológica. También asegurará un tratamiento favorecido a empresas de pequeñas dimensiones, dará tratamiento preferente a la adquisición de bienes y servicios por el poder público a las empresas que inviertan en investigación y en el desarrollo de tecnología en el país, y atenderá a programas y proyectos de estímulo a la innovación en la industria de defensa nacional y que amplíen la explotación y el desarrollo de la industria hidrocarburíferas, los recursos de la zona económica exclusiva (ZEE), la plataforma continental y el territorio antártico.

Para finalizar, Robledo dijo que “que este proyecto de ley es una herramienta más, un verdadero complemento al proyecto del senador Filmus que se está tratando en la Cámara de Diputados. Consideramos nuestra iniciativa como un instrumento legal más abarcativo que el del senador, ya que da un marco normativo más preciso para que el Poder Ejecutivo pueda realizar su política de apoyo a la investigación y a la innovación, articulándose con una amplia gama de instituciones públicas y privadas dedicadas a estas tareas”.