El proyecto, encomendado por el gobernador Daniel Peralta al ministro de la Producción, Jaime Álvarez, fue analizado con los diputados que integran el bloque justicialista de la Cámara de Diputados, a los efectos de comenzar a evacuar dudas que pudieran surgir al respecto, y de la que participaron los diputados Jorge Arabel, Jorge Turinetto, Aníbal Billoni, Alejandro Victoria, Nancy Hernández y Roberto Fernández.

Reactivación

En la oportunidad, el responsable de la cartera productiva explicó que dicho instrumento legal pretenderá “reactivar las economías locales, generando el sustento de las actividades minera, hidrocarburífera, pesquera, turística y agropecuaria”, entre otras, además que el mismo estará conformado por los aportes que realicen las firmas que se desarrollan en ese sector, como así también los aportes que pudieran realizar los estados nacional y provincial, cuya administración quedará a cargo del Gobierno provincial.

Destino

El destino de este fondo, será para la ejecución de obras de infraestructura que contemplen la construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa y de capacitación de los recursos humanos santacruceños; la adquisición de equipamiento educativo para centros de capacitación provinciales como así también financiamiento de programas, cursos, seminarios, jornadas, viajes de estudio y becas para la capacitación y perfeccionamiento de los recursos humanos santa-cruceños.

Otros destinos que podrán tener los aportes realizados por las firmas de los sectores productivos, sería la ejecución de obras de infraestructura, que directa o indirectamente posibiliten la radicación de nuevas actividades productivas o la potenciación y/o la ampliación de los actuales emprendimientos productivos; la creación de líneas de créditos blandos, subsidios de tasas, fondos de garantía y otras herramientas económicas y financieras que permitan a empresas santacruceñas proveedoras de insumos, prestadoras de servicios y/o generadoras de valor agregado, desarrollarse en el mercado local; además del financiamiento de estudios que posibiliten la concreción de los cuatro pilares contemplados en la presente ley; y del financiamiento y asesoramiento en las certificaciones ISO, IRAM y otras que requieran las empresas santacruceñas.