Neuquén > El diputado de Izquierda por una Opción Socialista (Izopso), Alejandro López, requirió ayer ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el Juzgado Federal de Neuquén y Zapala, y la Fiscalía Federal un informe sobre la cantidad de trabajadores imputados por acciones realizadas en protestas laborales, sociales o gremiales. El legislador adelantó que presentará un proyecto de ley para anular esos procesos.
“La única respuesta que encuentra el Estado para los reclamos sociales es la judicialización de la lucha, la represión”, aseveró el legislador y obrero de Fasinpat.
La iniciativa busca demostrar la “persecución” a los trabajadores que protestan y luego generar una ley que permite el desprocesamiento de estas personas.
Contexto
Entre los 500 procesados la mitad, según comentó López, son integrantes de una comunidad mapuche y otro 10% son obreros de Fasinpat.
“Tenemos muchos ejemplos en Neuquén donde no se atiende al reclamo genuino. Docentes, trabajadores ceramistas, todos quedan procesados luego de un corte de ruta, una posesión de terrenos u otros reclamos”, explicó el legislador.
Además, el diputado marcó una diferencia en el tratamiento de las personas e indicó que por ejemplo hace pocos días se sobreseyó a los 44 policías que actuaron durante la toma del Parque Indoamericano en Villa Soldati donde hubo tres muertes. “Esto es la contracara de esta situación”, dijo.
“La cantidad de personas procesadas en toda la provincia por causas relacionadas a las luchas sociales demuestra una clara política de criminalización de la protesta y ataque a las libertades democráticas, como el derecho a huelga”, afirmó el diputado, quien además comentó que a nivel nacional hay más de 5.000 procesados.
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