Un proyecto del Poder Ejecutivo provincial prevé una modificación a la Ley de Fiscalía de Estado para que la ejecución fiscal, última opción para el cobro a un contribuyente deudor, regrese a la órbita de la Dirección General de Rentas (DGR). Este mecanismo permitirá unificar criterios fiscales, la disponibilidad inmediata de los recursos obtenidos y la rápida acreditación del pago a la cuenta del contribuyente.

El director general de Rentas de la Provincia, Fabián Boleas, participó ayer de una reunión con integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en la cual expuso los alcances del proyecto de ley que devolverá al organismo recaudador la competencia en la tramitación de los juicios de ejecución fiscal.

Vale señalar que la ejecución constituye el último recurso del Estado para el cobro a un contribuyente moroso luego de vencido el impuesto y haber sido oportunamente intimado, incluso en reiteradas oportunidades.

Una vez agotadas las instancias previas, se presenta el título ejecutivo ante el juzgado con competencia exclusiva en materia tributaria y se inicia el proceso para la ejecución.

La norma propuesta por el Ejecutivo prevé una serie de modificaciones a la Ley 5.853 de Fiscalía de Estado, entre las cuales figura la derogación del inciso c) del artículo 24º. De este modo, las causas en cuestión volverían a la órbita de la DGR y la totalidad de los trámites en curso serían continuados por el organismo recaudador.

La norma argumentada por Boleas prevé además dos modificaciones al Código Fiscal, en línea con la reasignación de la competencia a la DGR. Por un lado, las facultades conferidas al Ministro del área en materia de juicios de apremio y por el otro el pago de ejecuciones de créditos fiscales ejecutados a través de depósitos bancarios.

"El espíritu de las modificaciones vinculadas a este tema es regresar a la esfera de Rentas los trámites que tienen que ver con las ejecuciones fiscales por tributos adeudados", remarcó el funcionario provincial.

En este sentido, dejó en claro que esta cuestión no significa en absoluto que Fiscalía de Estado deje de tener a su cargo el control y el asesoramiento que le asigna la Constitución Provincial.

Según explicó Boleas a los legisladores, regresar la competencia a la DGR permitirá no sólo la unificación en la definición y la ejecución de la política tributaria, sino también implicará reglas claras y uniformes para el contribuyente.