El proyecto, que cuenta con media sanción del Senado, modifica la Ley 26.364 de “Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas”, así como también modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal de la Nación.

“Estas modificaciones nos darán herramientas muy eficaces para la prevención, lucha y erradicación de este delito que tan duramente nos golpea en todo el país”, expresó la legisladora jujeña. Sostuvo que “a partir de estas modificaciones, se elimina el consentimiento de la víctima como una justificación para evitar la punibilidad del acusado” y explicó que “también se elimina la diferenciación entre menores y mayores de 18 años en la definición del delito de la trata, aunque se establece un agravamiento de las penas cuando se trata de menores”.

“Esta nueva normativa -prosigió- establece una ampliación de los derechos de las víctimas y refuerza la obligación que tiene el Estado de garantizar esos derechos”. La iniciativa prevé la creación del Consejo Federal y Comité Ejecutivo para reforzar la lucha contra la trata y la explotación de personas, y para la protección y asistencia a las víctimas. “Una cuestión muy importante es la creación de un sistema sincronizado de denuncias”, destacó y precisó que “se asignará un número telefónico (145) uniforme en todo el país con el objetivo de recibir denuncias durante las 24 horas”.

Respecto a las modificaciones al Código Penal, dijo que “se lo adapta al nuevo concepto de trata de personas y se endurecen las penas”. En cuanto a las modificaciones al Código Procesal Penal, indicó que “otorgará mayores garantías a las víctimas y se implementarán nuevos mecanismos para el esclarecimiento de los hechos”.

“Estamos dando un gran paso adelante en la lucha contra uno de los principales flagelos que hoy tenemos en nuestra sociedad”, finalizó.

Tema habitacional, en

la agenda del Senado

El ingreso a la agenda del Senado de la problemática habitacional se logró tras la aprobación de una moción de preferencia para tratar una iniciativa del senador Gerardo Morales, que propuso la declaración de emergencia habitacional y de infraestructura social básica en Jujuy.

Para atender esta emergencia, el proyecto dispone la asignación de un crédito presupuestario de 600 millones de pesos para el presente ejercicio 2011, destinados exclusivamente a la construcción de viviendas sociales y a la realización de obras de infraestructura social básica, agua potable, cloacas o núcleos húmedos a las familias inscriptas en el programa “Un lote para cada familia que lo necesite”.

La iniciativa especifica las partidas del Presupuesto a las que deberá imputarse el crédito que se asigne a Jujuy y autoriza al Poder Ejecutivo nacional a realizar las transferencias de créditos presupuestarios necesarios.

“Buscamos dar viabilidad a las medidas implementadas por el Gobierno de Jujuy, a través del programa ‘Un lote para toda familia que lo necesite’, el que resultará de difícil implementación si no se cuenta con un plan serio y articulado entre los gobiernos provincial y nacional”, señaló Morales.

Estimó que solo en Capital la implementación del programa de lotes podría requerir 400 hectáreas para su efectiva implementación y que ello podría representar una erogación mínima de $ 142.800.000. También apunto, que en el interior provincial se requerirían 300 hectáreas para implementar el plan, por lo que el Estado necesitaría unos $ 100 millones.

“Conseguir la cantidad y calidad de tierras necesarias para ejecutar el plan de loteo será factible solo de manera paulatina, secuencial y a largo plazo”, opinó el legislador jujeño y remarcó que “para darle viabilidad será imprescindible articular un plan integrado entre Nación y Provincia con la asignación de recursos específicos del gobierno nacional”.

“Solo por la mala distribución de la recaudación de Impuesto al Cheque, anualmente el Gobierno de la Nación se apropia de más de 300 millones que le corresponden a Jujuy, recursos que podrían ser invertidos en infraestructura habitacional”, enfatizó.