El proyecto del bloque radical considera que el Estado Provincial “le debe brindar al personal femenino contratado mediante becas, planes, programas, pasantías la misma atención que cuenta un personal de planta permanente”.

“La presente iniciativa, tiene su fundamento en la necesidad de equiparar esta categoría de empleados públicos provinciales al resto. Particularmente viene a completar -a la luz de los más básicos derechos de igualdad- el proyecto de ley en comisión autoría de la diputada Cristina Saúl”, señalaron desde la UCR.

Igual remuneración

En el proyecto planteado por Galván y Judith Díaz Bazán, se subraya como criterio básico el de “a igual trabajo igual remuneración”.

“A igual prestación, igual remuneración: A tenor de lo establecido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en el marco de la inclusión constitucional de los derechos sociales. Por ello, el Estado debe fundamentar en un todo los preceptos que expresa los objetivos y valores fundamentales en el marco de los cuales marca la Constitución; de afianzar la justicia: lo cual supone afirmar el valor justicia, es decir que la interpretación de la constitución debe guiarse por ese valor y promover el bienestar general. Esto se refiere al bienestar de la comunidad y al Estado como motor del desarrollo”, recalcaron los legisladores.

En este sentido, los diputados añadieron que “vale la adhesión a todos y cada uno de los fundamentos que en lo sustancial se exponen en aquel proyecto en trámite legislativo, sin perjuicio, en la especie, de referenciar a los principios jurídicos y constitucionales de igualdad respecto de los contratados mediante locaciones de servicios que, sin justificativo alguno no resultan alcanzados por los beneficios de maternidad y lactancia otorgados mediante aquel proyecto de ley”.

Galván y Díaz Bazán destacaron que en la actualidad las prestaciones que se pretenden otorgar en aquel proyecto “no coincide con el término de universalidad, derechos e igualdad, toda vez que las trabajadoras de la Administración Pública Provincial vinculadas mediante contratos de locación de servicios, no perciben dichos rubros, cuestión diferente a las demás trabajadoras estatales”.

Asimismo, los legisladores consideraron que el Estado “debe garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de los derechos de hombres y mujeres en igualdad de condiciones, reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales de jerarquía constitucional”. “La preocupación y desconcierto de este bloque en lo que consideramos una discriminación e inconstitucionalidad potencial, surge todavía antes de los hechos consumados, pues tal desequilibrio puede quedar zanjado legislativamente mediante la aprobación de este proyecto”, aseguraron los legisladores del bloque opositor.

Finalmente, los diputados se preguntaron “porque el otorgamiento de licencia por maternidad y lactancia para las demás trabajadoras estatales son justa y de inclusión, pero discriminatoria para las demás trabajadoras contratadas, a la luz de los siguientes principios: igualdad ante la ley, igualdad social e igualdad de oportunidades”.